La princesa heredera de la corona belga, Isabel, hija mayor del rey Felipe, es una de las estudiantes extranjeras de la universidad estadounidense de Harvard, cuya situación quedó bajo un manto de incertidumbre ante las nuevas normas del gobierno de EEUU.
La princesa belga, de 23 años, cursa una maestría en políticas públicas en la escuela Kennedy, de Harvard, y aún tiene un año para finalizar sus estudios.
Sin embargo, en la jornada el gobierno de Estados Unidos revocó el derecho de Harvard de autorizar la inscripción de estudiantes extranjeros.
Un vocero de la corona belga apuntó que el palacio real estaba “analizando” la situación para tener más claro el “potencial impacto” sobre el cuadro que se presenta para la princesa Isabel.
“Aún pueden pasar muchas cosas entre el anuncio de la decisión y la aplicación efectiva. De cualquier forma, estamos siguiendo de cerca la situación, y analizamos su alcance”, dijo el portavoz a AFP.
La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió una carta al presidente de Harvard, Alan Garber, con el anuncio de la sorprendente medida.
La carta informa sobre la “revocación” con “efecto inmediato” de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), que permite a extranjeros estudiar en Estados Unidos.
En el curso actual, los extranjeros representan el 27,2% de los 30.000 estudiantes de Harvard, la mayoría con esos visados, según fuentes de la universidad.
Noem acusa a Harvard de incumplir las solicitudes de información de su departamento y de perpetuar “un ambiente inseguro en el campus, hostil a los estudiantes judíos”.
Además, afirma que la universidad “promueve simpatías pro-Hamás [el movimiento palestino que gobierna Gaza], y emplea políticas racistas de diversidad, equidad e inclusión”.
En respuesta, la Universidad Harvard anunció el inicio de una demanda legal contra el gobierno.
El gobierno de Donald Trump ya congeló una partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, y deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de esa universidad.
El gesto expresado en la carta de Noem es “el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar la gobernanza, el currículo y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes”, sostiene la demanda presentada ante el tribunal federal de Massachusetts.
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