Diario Financiero.– La Unidad De Inteligencia Financiera (UIF) de México enfrenta un creciente escrutinio luego de que empresarios y analistas señalaran posibles motivaciones políticas detrás de recientes investigaciones por presunto lavado de dinero en casinos vinculados a Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas. Para el conglomerado empresarial, las medidas adoptadas por la UIF y la Procuraduría Fiscal no responden a una estrategia técnica contra delitos financieros, sino a un “uso faccioso del aparato estatal” dirigido a intimidar a voces críticas del gobierno.
Una Confrontación Que Escala Entre Gobierno Y Empresarios
Las tensiones entre el empresario y la administración federal no son nuevas, pero se han intensificado en medio de disputas fiscales multimillonarias y enfrentamientos públicos. La narrativa de Salinas Pliego sostiene que el Estado está empleando sus instituciones financieras y fiscales para ejercer presión, mientras que autoridades federales insisten en que las investigaciones cumplen con las normas legales y con los compromisos internacionales contra el lavado de activos.
Contexto De Las Accusaciones Contra La UIF
En noviembre de 2025, la UIF, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, ordenó el bloqueo financiero e inició investigaciones contra 13 casinos ubicados en distintos estados del país. Entre ellos, varios establecimientos pertenecientes a Grupo Salinas fueron incluidos por presuntas irregularidades y operaciones vinculadas a lavado de dinero.
La medida generó una fuerte reacción de parte del conglomerado, que calificó estas acciones como un intento deliberado de “intimidar y someter” a empresarios que mantienen una postura crítica frente al gobierno. Para la compañía, la cronología de las investigaciones coincide con episodios de confrontación pública, lo que, a su juicio, refuerza la percepción de motivaciones políticas.
Las Investigaciones En Casinos Y La Respuesta De Grupo Salinas
Según el gobierno mexicano, las medidas forman parte de un plan estructural para detectar operaciones financieras irregulares, evitar la infiltración de recursos ilícitos y garantizar la integridad del sistema financiero. Funcionarios han señalado que el combate al lavado de dinero requiere vigilancia continua, especialmente en sectores vulnerables como casinos y juegos electrónicos.
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Grupo Salinas sostiene lo contrario, argumentando que la UIF actúa de manera discrecional y que el supuesto combate al lavado ha sido utilizado como herramienta de presión. La empresa reitera que los procedimientos han sido acompañados por campañas mediáticas que buscan dañar su reputación empresarial.
El Debate Sobre El Uso Político De La UIF
Diversos empresarios y analistas coinciden en que la institucionalidad de la UIF podría verse afectada si se confirma que algunas investigaciones responden a factores políticos y no a criterios técnicos. Destacan que, en los últimos años, se han reportado casos similares en sectores estratégicos, lo que aviva el debate sobre la autonomía e imparcialidad de la entidad.
El gobierno federal defiende su actuación, asegurando que los procesos se llevan a cabo bajo el marco legal vigente y con cooperación internacional en materia de lavado de dinero. Señalan que las acciones contra casinos forman parte de un conjunto más amplio de medidas para fortalecer el sistema financiero y evitar el uso de instituciones legales para actividades delictivas.
Un Escenario De Tensiones Económicas Y Políticas En México
El trasfondo del conflicto también está vinculado a disputas fiscales que superan los 25 mil millones de pesos en adeudos reclamados por el Estado a empresas del grupo. En un entorno de creciente polarización política, la controversia refleja una tensión latente entre el sector empresarial y la administración pública.
Con investigaciones aún en curso y acusaciones cruzadas, la situación mantiene un clima de incertidumbre, en el que se entrelazan el combate al lavado de dinero, las disputas tributarias y los cuestionamientos sobre el alcance del poder de la UIF en México.
