Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este sábado una “emergencia nacional” con el objetivo de proteger los ingresos derivados de las ventas del petróleo venezolano, los cuales serán depositados y resguardados en cuentas del Tesoro estadounidense, evitando así que acreedores internacionales puedan reclamarlos mediante procesos judiciales.
La Casa Blanca explicó en un comunicado que la medida busca impedir la incautación de fondos petroleros venezolanos, al considerar que estos recursos son clave para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela, así como para respaldar los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región.
El decreto bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención o ejecución judicial contra los fondos provenientes de la venta de crudo venezolano que se encuentren bajo custodia del Gobierno estadounidense. Asimismo, prohíbe transferencias o transacciones con dichos recursos sin autorización expresa.
Según Washington, los ingresos protegidos son considerados propiedad soberana de Venezuela, mantenidos bajo custodia estadounidense para fines gubernamentales y diplomáticos, por lo que no están sujetos a reclamos privadosde acreedores o demandantes internacionales.
La orden ejecutiva se emite un día después de una reunión entre Trump y ejecutivos de las principales compañías petroleras del mundo, a quienes el mandatario ofreció “protección y seguridad del Gobierno de Estados Unidos” a largo plazo, con el objetivo de atraer inversiones por hasta US$100,000 millones en el sector energético venezolano.
La medida también refuerza el anuncio previo del secretario de Energía, Chris Wright, quien confirmó que Estados Unidos controlará de forma “indefinida” las ventas de crudo venezolano, depositando los ingresos en cuentas gubernamentales estadounidenses para que, según la narrativa oficial, “beneficien al pueblo de Venezuela”.
Washington argumentó además que permitir embargos sobre estos fondos pondría en riesgo objetivos estratégicos clave, entre ellos frenar el flujo de inmigración irregular y de narcóticos ilícitos, citados como principales justificaciones de su intervención en Venezuela.
El trasfondo legal es significativo. Desde la expropiación petrolera impulsada por el fallecido mandatario Hugo Chávez, Venezuela ha enfrentado cerca de 60 arbitrajes internacionales desde el año 2000, con reclamaciones estimadas en US$30,000 millones, equivalentes a casi el 15 % de su deuda externa, según datos del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.
Durante el encuentro con Trump, ejecutivos petroleros expresaron escepticismo para invertir en Venezuela, citando la incertidumbre regulatoria, el historial de expropiaciones y la fragilidad institucional heredada del chavismo, factores que ahora Washington intenta neutralizar mediante garantías políticas y control directo de los flujos financieros.
