En una medida que ya divide opiniones dentro y fuera de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha lanzado una política inédita: vuelos gratuitos y dinero en efectivo para inmigrantes indocumentados que decidan abandonar el país por voluntad propia. La propuesta, oficializada el 9 de mayo de 2025 mediante una orden ejecutiva, se presenta como una solución “eficiente y humanitaria”, aunque las advertencias del gobierno dejan poco espacio para la ambigüedad.
El nuevo programa de vuelos gratis para indocumentados permite que cualquier persona sin estatus legal en Estados Unidos pueda acudir directamente a un aeropuerto, solicitar su salida y, además, recibir un bono de salida de USD 1,000. Todo el proceso se gestionará a través de una aplicación oficial llamada CBP Home, desarrollada especialmente para esta iniciativa.
Today, I signed an Executive Order to launch the first-ever self-deportation program. Illegal aliens who stay in America face punishments, including—sudden deportation, in a place and manner solely of our discretion. TO ALL ILLEGAL ALIENS: BOOK YOUR FREE FLIGHT RIGHT NOW! pic.twitter.com/LO4eyfhZOq
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2025
Para llevar a cabo la logística, el gobierno contará con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asegurando la coordinación de los retornos.
Desde la perspectiva fiscal, la administración Trump sostiene que esta estrategia reducirá los elevados costos asociados con las deportaciones forzadas. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el costo promedio actual de una deportación obligada asciende a USD 17,121 por persona. El nuevo mecanismo podría reducir este gasto en hasta un 70%.
Sin embargo, esta aparente benevolencia viene acompañada de una advertencia tajante: quienes no se acojan al programa dentro del plazo de 60 días enfrentarán “consecuencias severas”, incluyendo prisión, multas, embargo de salarios, confiscación de bienes y deportación forzosa “al lugar y de la forma que decidamos”, según palabras del propio presidente.
Además, se anunció un reforzamiento de la infraestructura migratoria, con el despliegue de 20,000 agentes —entre personal federal, estatal y local— para intensificar los operativos de expulsión una vez concluya el periodo voluntario.
Como primer dato oficial, el DHS reportó que una persona originaria de Honduras ya utilizó el programa para retornar a su país.
La reacción en medios y entre organizaciones de derechos migratorios ha sido inmediata. Algunas entidades consideran que el incentivo económico puede ser percibido como coacción, mientras que otros sectores aplauden la reducción de costos y la claridad del mensaje político.
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