Las pandillas en Haití han escalado su modelo de extorsión al punto de cobrar una suerte de «alquiler» forzado a los residentes para que puedan habitar sus propios hogares, según reportó el periódico local Le Nouvelliste este jueves 22 de octubre.
La práctica convierte a bandas criminales en una especie de arrendador ilegal, con consecuencias directas sobre miles de familias que ya enfrentan el colapso de los servicios básicos y la violencia cotidiana. Propietarios e inquilinos por igual deben someterse al pago o arriesgarse a ser desplazados por la fuerza.
Extorsión sistemática en Carrefour y otras zonas
El fenómeno es especialmente pronunciado en la región centro-occidental de Carrefour, donde, según Le Nouvelliste, vivir «conlleva una nueva imposición: pagar las cantidades exigidas por los bandidos para poder seguir habitando sus viviendas». El diario haitiano señala que la exigencia se asemeja, en su nombre, a la llamada «Contribución inmobiliaria sobre propiedades edificadas» contemplada en la legislación haitiana, aunque carece de cualquier respaldo legal.
Entre los grupos que practican esta modalidad figura la banda del criminal Christ-Roi Chéry, identificada por Le Nouvelliste como uno de los actores que sostienen la inseguridad en el país. Además del cobro forzado por residencia, estas organizaciones operan secuestros desde puntos fijos en carreteras y otras vías, con demandas de rescate que el periódico califica de exorbitantes.
Chantaje justificado con supuestos derechos de propiedad
En algunos casos, los criminales encuadran la extorsión bajo el pretexto de supuestos derechos de propiedad sobre las viviendas, según rumores que circulan entre la población afectada. Un joven universitario residente en Carrefour reveló a Le Nouvelliste, bajo condición de anonimato, que su familia fue notificada de esta exigencia a mediados de julio.
La situación refleja la profundidad del vacío institucional en Haití, donde las pandillas han sustituido al Estado en vastas zonas del territorio, imponiendo sus propias reglas sobre la circulación, el comercio y, ahora, la tenencia de la vivienda.
Los analistas de seguridad regionales seguirán de cerca si esta modalidad de extorsión inmobiliaria se expande a otras áreas controladas por grupos armados, lo que agravaría aún más el éxodo de población desde las zonas afectadas.
