Diario Financiero.- Una creciente coalición de gobiernos, escuelas y familias está redefiniendo el acceso de los menores a la tecnología, en respuesta a la evidencia acumulada sobre los efectos negativos del uso excesivo de redes sociales y teléfonos inteligentes en el desarrollo cognitivo y emocional.
El debate se ha intensificado en Europa tras el anuncio del presidente francés Emmanuel Macron, quien confirmó su intención de aprobar de forma acelerada una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años, con el objetivo de que la medida entre en vigor antes del inicio del próximo año escolar, en septiembre.
“El intelecto de nuestros jóvenes no está en venta”, afirmó Macron en un mensaje público. “Sus emociones no deben ser mercantilizadas ni explotadas”, añadió, en un discurso que ha reactivado el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la economía digital.
El impulso francés no es aislado. Australia ya implementó en diciembre de 2025 una prohibición similar, lo que derivó en la desactivación de más de 4.7 millones de cuentas de menores, según cifras oficiales. El primer ministro Anthony Albanese calificó la medida como “un motivo de orgullo nacional”.
En el Reino Unido, la secretaria de Educación Bridget Phillipson instruyó a las escuelas a mantenerse libres de teléfonos durante toda la jornada escolar, mientras que el regulador educativo Ofsted incorporará estas políticas en sus inspecciones. Dinamarca, por su parte, prohibirá los teléfonos inteligentes en las aulas a partir del ciclo académico 2026-2027.
La evidencia académica respalda estas decisiones. El informe OCDE – PISA 2022 reveló que 65% de los estudiantes se distrae con dispositivos digitales en clases de matemáticas, obteniendo resultados significativamente más bajos que quienes no los usan.
En Estados Unidos, 31 estados ya han aprobado o discuten restricciones similares, mientras que California exige que todas las escuelas públicas adopten políticas restrictivas antes del 1 de julio de 2026.
Sin embargo, el consenso no es absoluto. Autoridades educativas locales han expresado inquietudes sobre el alcance del rol estatal en decisiones familiares y sobre el impacto desigual de estas políticas en comunidades vulnerables.
El debate sigue abierto, pero la tendencia global es clara: los gobiernos avanzan hacia una regulación más estricta del acceso digital infantil, redefiniendo los límites entre tecnología, educación y bienestar.
