Un juez federal ha dictaminado que el expresidente Donald Trump violó la Constitución al desplegar la Guardia Nacional de California en Los Ángeles sin autorización estatal. El fallo, emitido en medio de protestas migratorias, representa un fuerte revés legal para las políticas de seguridad interna de Trump y plantea un precedente inédito sobre los límites del poder federal en Estados Unidos.
El juez Charles Breyer, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, concluyó que Trump transgredió la Décima Enmienda de la Constitución, al movilizar unilateralmente a más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina, sin contar con el consentimiento del gobernador Gavin Newsom.
El fallo subraya que no se cumplió ninguno de los tres criterios legales para permitir la federalización: no existía invasión, rebelión ni evidencia de incapacidad para aplicar las leyes federales. En palabras del juez, la acción representa una “amenaza directa al equilibrio de poderes” entre la Casa Blanca y los estados federados, advirtiendo que se trata de un precedente peligroso si no es corregido judicialmente.
El despliegue militar ocurrió en el contexto de protestas masivas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, donde la administración Trump argumentó que era necesario para proteger edificios federales y restaurar el orden público. Sin embargo, el fallo reafirma que este tipo de acciones requiere autorización estatal previa.
El gobernador Gavin Newsom celebró la decisión judicial como una victoria de la democracia y del federalismo estadounidense. “El ejército debe estar en el campo de batalla, no en nuestras calles”, sentenció en conferencia de prensa.
El fallo ha sido suspendido temporalmente hasta el mediodía del viernes, permitiendo que el gobierno federal presente su apelación ante el Tribunal del Noveno Circuito. La administración Trump ha solicitado bloquear la aplicación de la orden y defendió su accionar como legítimo ante situaciones de emergencia.
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La demanda, impulsada por Newsom junto al fiscal general de California, busca que se emita una orden judicial permanente que impida a cualquier presidente federalizar tropas estatales sin consentimiento del estado. El 20 de junio se realizará una nueva audiencia, donde el gobierno federal deberá justificar su actuación.
Si el conflicto persiste, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema, lo que lo convertiría en una referencia clave sobre los límites del poder presidencial frente a los gobiernos estatales.
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