DIARIO FINANCIERO.- Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, acumuló ingresos por 120.7 millones de pesos mexicanos entre 2021 y 2024, aunque apenas 1.5 millones provinieron de su salario como servidor público. El restante 98.74 % se originó en actividades privadas, principalmente operaciones inmobiliarias, rentas y ventas patrimoniales, según sus declaraciones patrimoniales y documentación oficial revisada tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La cifra adquiere otra dimensión política porque Díaz Vega figura entre los 10 señalados por autoridades estadounidenses por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras ejercían funciones públicas dentro de la administración estatal encabezada por Rocha Moya. Según la acusación federal presentada en un tribunal de distrito de Estados Unidos, el exfuncionario habría servido de enlace entre integrantes de “Los Chapitos” y estructuras gubernamentales locales.
La desproporción entre salario público y riqueza privada
Cuando asumió la Secretaría de Finanzas en diciembre de 2021, Díaz Vega reportó ingresos anuales por 3.1 millones de pesos. Sin embargo, solo 105,134 pesos correspondían a su remuneración gubernamental. El patrón se intensificó en 2022, año en que declaró ingresos por 99.3 millones de pesos, de los cuales apenas 547,881 pesos provinieron de su cargo público.
El grueso de esos recursos se originó en la venta de propiedades inmobiliarias, que aportaron 86.2 millones de pesos. A ello se sumaron ingresos por arrendamientos, venta de vehículos, cobro de seguros, intereses y dividendos empresariales. Es decir, mientras administraba las finanzas públicas de Sinaloa, mantenía simultáneamente una estructura patrimonial privada de escala multimillonaria.
Por contexto, el salario anual reportado como funcionario equivalía a menos del 1 % de los recursos movilizados durante el periodo. En mercados institucionales, este tipo de divergencias suele activar alertas de conflicto de interés, trazabilidad patrimonial y riesgo reputacional, especialmente cuando el funcionario administra presupuestos estatales.
“La anomalía no es solo cuánto ganó, sino la desconexión entre función pública y origen real de los recursos.”
Expansión inmobiliaria y activos de lujo
Las declaraciones patrimoniales describen un inventario inmobiliario de gran escala. Al ingresar al gobierno ya poseía más de 30 propiedades, incluyendo terrenos, locales comerciales, departamentos y viviendas de alto valor. Entre los activos reportados figuraban un local comercial valuado en 24 millones de pesos, un terreno de 16.7 millones y una residencia de 15.6 millones.
La expansión continuó durante su gestión. Solo en 2022 adquirió tres locales comerciales por 4.7 millones de pesos y un terreno adicional de 6.6 millones. En paralelo, renovó parcialmente su parque vehicular con unidades de lujo como una GMC Yukon y una Lexus LX 600, ambas cercanas a los 2 millones de pesos mexicanos.
En 2023 incorporó nuevos terrenos y otra vivienda por casi 3 millones de pesos. Hacia agosto de 2024, fecha de conclusión de su encargo, mantenía 44 propiedades y ocho vehículos o remolques registrados a su nombre.
El patrimonio total: 261 millones de pesos
La suma consolidada de ingresos líquidos, propiedades y vehículos elevó el patrimonio reportado por Díaz Vega a 261 millones de pesos mexicanos. El cálculo incluye:
- 120.7 millones en ingresos acumulados entre 2021 y 2024.
- 137 millones en bienes inmuebles.
- 3.37 millones en vehículos y remolques.
La dimensión financiera del caso resulta particularmente sensible porque Díaz Vega ocupaba una de las posiciones más estratégicas dentro del aparato estatal: la administración presupuestaria de Sinaloa. En términos institucionales, el debate deja de centrarse únicamente en enriquecimiento patrimonial y se desplaza hacia los mecanismos de control, supervisión y debida diligencia sobre altos funcionarios públicos.
Las implicaciones políticas y regulatorias
Las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense introducen una variable adicional: la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras administrativas estatales. Aunque la acusación no constituye sentencia judicial, sí eleva el escrutinio sobre la capacidad de los sistemas de transparencia para detectar inconsistencias patrimoniales durante el ejercicio del cargo.
En el extremo opuesto, las declaraciones patrimoniales sí muestran que gran parte de los activos fueron formalmente reportados. El problema, entonces, no sería únicamente la existencia de riqueza privada, sino la capacidad institucional para verificar origen, valuación, trazabilidad y compatibilidad ética con el ejercicio de funciones públicas.
“Un sistema de transparencia que registra fortunas, pero no explica su lógica financiera, termina funcionando más como archivo que como mecanismo de control.”
La discusión también alcanza al diseño latinoamericano de fiscalización patrimonial. En numerosos países, los sistemas de declaración funcionan como instrumentos declarativos y no necesariamente como herramientas activas de auditoría financiera o análisis de riesgo.
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