Washington, D.C.– Desde las 12:01 a.m. del lunes 9 de junio, Estados Unidos activó una nueva política migratoria que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 países, incluyendo Haití, como parte de un conjunto de medidas impulsadas por el presidente Donald Trump para reforzar la seguridad nacional.
Según la orden ejecutiva, firmada por el mandatario en la Casa Blanca, la restricción total afecta a naciones clasificadas como de “riesgo elevado” debido a deficiencias en la verificación de identidad, falta de cooperación en el intercambio de información de seguridad y presuntos vínculos con organizaciones extremistas.
Los 12 países afectados por la prohibición total son:
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Haití
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Afganistán
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Myanmar
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Chad
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República del Congo
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Guinea Ecuatorial
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Eritrea
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Irán
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Libia
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Somalia
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Sudán
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Yemen
Además, otros siete países enfrentarán restricciones parciales. Estos incluyen controles más estrictos en solicitudes de visa, verificación adicional de documentos, y en algunos casos, exclusión de ciertos tipos de visado:
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Cuba
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Venezuela
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Burundi
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Laos
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Sierra Leona
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Togo
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Turkmenistán
La Casa Blanca justificó la medida indicando que “la seguridad de la nación depende de la capacidad de identificar adecuadamente a quienes ingresan a nuestro territorio”. De acuerdo con fuentes oficiales, varios de estos países no cumplen con los estándares mínimos de seguridad en los procesos de identificación ni mantienen canales de cooperación efectivos con agencias estadounidenses.
Aunque algunos de los países incluidos tienen un bajo volumen migratorio hacia EE.UU., casos como Haití, Cuba y Venezuela son particularmente relevantes, ya que representan una porción considerable del flujo migratorio reciente, impulsado por crisis políticas, económicas y humanitarias.
La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y líderes migrantes, que la califican como una política de exclusión discriminatoria, con efectos desproporcionados sobre poblaciones vulnerables que buscan asilo o reunificación familiar.
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No obstante, el gobierno estadounidense ha defendido la acción como “un paso necesario para proteger al pueblo estadounidense de amenazas externas”. La orden será revisada cada seis meses, y las naciones incluidas podrán ser retiradas de la lista si cumplen con los requisitos de seguridad impuestos por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional.
Con esta nueva disposición, la administración Trump reafirma su línea dura en materia migratoria, enmarcada en una política más amplia de “Estados Unidos primero”, que ha marcado su mandato desde el inicio.
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