El empleo público en Chile suma hoy 549,237 funcionarios, una dotación que un investigador del Instituto Libertad califica de disfuncional y que, según propone, requiere una reforma en cuatro frentes antes de que la inercia institucional profundice el problema.
La propuesta, firmada por Aldo Manuel Herrera, apunta a una distorsión de fondo: las jefaturas califican con nota máxima al 97% de los casos, porque temen los conflictos que generaría una evaluación negativa. El resultado es un sistema de evaluación que no discrimina desempeño y que, en la práctica, no cumple ninguna función de gestión de talento.
Evaluaciones con cuotas y criterios objetivos
Para corregir esa distorsión, Herrera propone fijar cuotas por tramo de calificación: limitar el acceso a la Lista 1 —la categoría de excelencia— a un máximo del 20% de la dotación, y concentrar al grueso del personal en la Lista 2. Además, plantea que la evaluación deje de depender del juicio personal de la jefatura y pase a basarse en indicadores objetivos, como tiempos de respuesta, que sean medibles y verificables.
Unificación de planta y contrata
El tercer eje de la propuesta aborda la rigidez estructural del sistema. Actualmente, la contrata representa el 68% de los cargos en el Estado chileno, lo que genera una dualidad con la planta que limita la movilidad entre servicios y ata la estabilidad laboral a criterios que no siempre están vinculados al mérito. Herrera propone unificar gradualmente ambas modalidades para permitir la movilidad entre organismos y asegurar la estabilidad con base en el desempeño y la reconversión de perfiles laborales.
Digitalización e interoperabilidad
El cuarto punto es la aceleración de la transformación digital del Estado mediante la interoperabilidad entre servicios públicos. El investigador sostiene que garantizar plataformas 100% digitales optimizaría el uso de recursos fiscales, agilizaría los trámites y otorgaría mayor certeza jurídica a ciudadanos y empresas.
El debate sobre la modernización del empleo público en Chile no es nuevo, pero gana urgencia en un contexto de presión fiscal y demanda ciudadana por servicios más eficientes. Los próximos meses serán clave para observar si el Ejecutivo incorpora alguna de estas propuestas en una agenda legislativa concreta.
