Ciudad de México. – El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso una multa de 1,780 millones de pesos(equivalentes a US$93.61 millones) a Telcel, filial de América Móvil, por incurrir en prácticas monopólicas en la distribución de tarjetas SIM a través de cadenas de tiendas de conveniencia, particularmente en su acuerdo exclusivo con Oxxo. La sanción, que ha sido rechazada por la empresa, será impugnada ante las instancias correspondientes.
Telcel, que domina más del 70 % del mercado de telefonía móvil en México, habría impedido la competencia al establecer condiciones de exclusividad en la venta de sus tarjetas SIM en tiendas Oxxo, propiedad de FEMSA. Estas tiendas, con más de 20,000 sucursales, vendían exclusivamente productos de Telcel y de su operador móvil virtual asociado, OXXO CEL, lo que limitaba la disponibilidad de servicios de competidores como AT&T y Telefónica.
La investigación del IFT inició en 2021, cuando se comenzaron a monitorear estos acuerdos de distribución. Entre 2023 y 2024, el regulador formalizó una indagatoria que concluyó en 2025 con la resolución de que Telcel incurrió en prácticas monopólicas relativas, al obstaculizar el acceso al mercado de otras operadoras.
El impacto de esta estrategia de distribución exclusiva es significativo. Telcel tiene cobertura en el 99 % de la poblaciónmexicana y el 95 % del territorio, lo que la convierte en la opción preferida, especialmente para turistas y consumidores en áreas rurales. Sin embargo, el canal de ventas dominado por Oxxo canalizaba forzosamente la decisión del consumidor, disminuyendo las alternativas de conectividad móvil.
El mercado mexicano representa el 35 % de los ingresos por servicios de América Móvil, y su dominio se ha mantenido a pesar de las reformas regulatorias de 2013 diseñadas para fomentar la competencia. Incluso después de dichas reformas, Telcel incrementó ligeramente su participación a 62.5 % en 2020, mientras que sus competidores Telefónica y AT&T registraron 20.3 % y 15.1 %, respectivamente.
Organismos internacionales, como la OCDE, han estimado que la falta de competencia en el sector de telecomunicaciones le cuesta a la economía mexicana alrededor de US$25,000 millones anuales. En ese sentido, el IFT ha sido una de las entidades clave en la búsqueda de mayores condiciones de igualdad en el sector.
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Pese a estos esfuerzos, el regulador enfrenta presiones políticas que podrían afectar su independencia. Diversos sectores denuncian que la administración del partido gobernante ha buscado reducir el alcance del IFT, proponiendo su integración con otras entidades ejecutivas bajo el argumento de eficiencia presupuestaria. Esta intención, según expertos, podría poner en riesgo futuras investigaciones y sanciones en el sector.
América Móvil ha afirmado que impugnará la sanción, negando que sus acuerdos constituyan una práctica anticompetitiva. Sin embargo, la resolución marca un precedente relevante en la regulación del mercado de telecomunicaciones mexicano, especialmente en lo relativo al acceso equitativo a canales de distribución.
El caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios en defensa del consumidor y de un entorno de libre competencia, en un mercado que aún presenta concentraciones dominantes en múltiples segmentos.
