Santo Domingo, RD. – En los últimos días, las autoridades han intensificado los operativos de inspección y cierre de comercios chinos, alegando irregularidades en la contratación de personal, prácticas de subvaluación y fallas estructurales en algunos establecimientos.
Aunque estas acciones han sido recibidas como un paso hacia la formalización del sector y la aplicación de la ley en igualdad de condiciones, surgen dudas sobre el alcance real y la consistencia de estas medidas.
El discurso oficial sostiene que los operativos buscan garantizar que todo emprendimiento opere bajo las mismas reglas. Sin embargo, el foco exclusivo sobre comercios chinos despierta preocupación en distintos sectores sociales y empresariales, pues contrasta con la permisividad observada en proyectos liderados por grupos locales.
Un doble estándar en la aplicación de la ley
Recientemente, Diario Financiero denunció la construcción de un supermercado en la avenida Enriquillo, una de las zonas más exclusivas de la capital, que opera únicamente con permisos municipales de la Alcaldía del Distrito Nacional, sin contar con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) ni del Ministerio de Medio Ambiente (A la fecha de la publicación de ese artículo).
El caso plantea una pregunta de fondo: ¿acaso las normativas de ordenamiento territorial solo aplican para comercios extranjeros y no para empresarios locales?
La contradicción es evidente. Mientras pequeños y medianos comerciantes chinos enfrentan sanciones inmediatas, desarrolladores de alto perfil logran avanzar con construcciones multimillonarias sin mayores consecuencias.
Igualdad de oportunidades bajo cuestionamiento
La situación pone en tela de juicio uno de los principios básicos del derecho y del orden económico: las leyes son iguales para todos. En la práctica, los operativos parecen aplicar de manera selectiva, debilitando la confianza en las instituciones y en la promesa de un mercado justo y competitivo.
Especialistas en derecho económico coinciden en que la aplicación desigual de la normativa genera distorsiones. No solo afecta la imagen del país ante inversionistas internacionales, sino que también profundiza la percepción de inequidad entre los actores económicos locales.
Impacto en la inversión extranjera y en la convivencia comercial
La comunidad empresarial de origen chino representa una parte creciente del ecosistema comercial dominicano, con presencia en sectores como supermercados, tiendas de conveniencia y comercio al por mayor. Sin embargo, el tratamiento diferenciado y los operativos focalizados pueden interpretarse como un mensaje de exclusión que atenta contra la integración y la competencia leal.
En un contexto donde la economía dominicana busca atraer más inversión extranjera directa, la aplicación arbitraria de la ley constituye un riesgo reputacional. A la vez, debilita la cohesión social y alimenta tensiones innecesarias entre comunidades.
Llamado a la coherencia institucional
El reto para las autoridades no radica únicamente en sancionar irregularidades, sino en garantizar coherencia en la aplicación de la ley. Los mismos criterios de fiscalización que hoy se aplican a comercios chinos deben extenderse a supermercados, torres residenciales y centros comerciales que se construyen al margen de la normativa vigente.
La consolidación de un marco empresarial sólido depende de que la ley no se utilice como herramienta discrecional, sino como garantía de igualdad de condiciones para todos los inversionistas, nacionales y extranjeros.
En este sentido, se hace un llamado a MIVED, Medio Ambiente y demás entidades competentes a actuar con la misma firmeza en todos los casos, sin importar apellido, nacionalidad o sector económico involucrado.
Un principio que no admite excepciones
La estabilidad jurídica y económica de la República Dominicana depende de la certeza de que no hay excepciones en la aplicación de la ley. Solo así se podrán construir bases sólidas para un desarrollo sostenible, competitivo y confiable de cara al futuro.
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