El Consejo Económico y Social (CES) evaluará este jueves 22 de octubre la propuesta de pacto nacional impulsada por representantes de sectores empresariales y sociales para enfrentar la creciente presión fiscal que genera el aumento en los subsidios, especialmente los de combustibles y energía.
El presidente del CES, Rafael Damares Toribio Domínguez, confirmó que presentará el tema ante el pleno de la entidad durante la reunión convocada para esa fecha. El objetivo es recabar la posición de los tres sectores que conforman el organismo antes de avanzar en cualquier decisión.
Una consulta amplia a los tres sectores
El CES está integrado por 45 miembros, distribuidos en partes iguales: 15 representantes del sector empresarial, 15 del sector laboral y 15 de la sociedad civil. Esa composición tripartita es precisamente la que le daría legitimidad a un eventual pacto, al reunir en un solo espacio a actores con intereses distintos frente a la situación económica del país.
Toribio Domínguez precisó que la propuesta será introducida como tema libre en la agenda de la reunión, lo que significa que no vendrá acompañada de un texto formal acordado de antemano, sino que se someterá al debate y la valoración del pleno.
Subsidios, el detonante del debate
La iniciativa surge en respuesta al incremento considerable en el gasto en subsidios, particularmente en los rubros de combustibles y energía eléctrica, que han intensificado la presión sobre las finanzas públicas dominicanas. Representantes de sectores empresariales y sociales han planteado la necesidad de un acuerdo de amplio alcance que permita articular una respuesta coordinada a esa realidad.
El CES, creado como instancia de diálogo y concertación social, es el espacio institucional natural para este tipo de negociaciones. Un pacto que surja de ese foro tendría el respaldo formal de los principales actores económicos y sociales organizados del país.
Los próximos pasos dependerán de la posición que adopte el pleno este jueves: si los tres sectores respaldan avanzar, el CES podría asumir un rol activo en la articulación del acuerdo; si las posturas difieren, el debate quedará abierto y sin un mandato claro de actuación.
