En una de las escenas más memorables de ‘A través del espejo’, de Lewis Carroll, la Reina Roja y Alicia, la niña del país de las maravillas, corren frenéticamente sobre un gigantesco tablero de ajedrez, tan rápido como pueden, sólo para descubrir que, a pesar de sus esfuerzos, permanecen en el mismo lugar.
Esta paradoja ilustra uno de los desafíos más complejos que enfrentan economías de alto crecimiento como la nuestra: la trampa del ingreso medio. Comprender este fenómeno, identificar cómo superarlo y reconocer los sectores estratégicos que serán clave en este proceso, es crucial para asegurar que la República Dominicana mantenga su trayectoria hacia una prosperidad sostenida.
¿Qué es la trampa del ingreso medio?
Al igual que Alicia, que corría sin avanzar, muchas economías en expansión descubren que son incapaces de sostener altas tasas de crecimiento por períodos prolongados de tiempo. Eventualmente ven su progreso económico estancado en un nivel intermedio de desarrollo y no terminan de alcanzar el estadio de prosperidad propio de las economías avanzadas.
Inicialmente, estos países disfrutan de un rápido crecimiento, impulsado por mano de obra barata e inversiones clave en infraestructura, lo que eleva el ingreso per cápita. Durante esta expansión, se transforma la matriz productiva, desplazando capital y trabajo desde sectores de baja productividad como la agricultura, hacia manufacturas y servicios de exportación. Sin embargo, a medida que se aproximan a un nivel de ingreso medio, el incremento salarial reduce su competitividad y ralentiza el crecimiento.
Si no identifican nuevas fuentes de crecimiento, estos países enfrentan el riesgo de quedar ‘atrapados’ en un estado de desarrollo mediocre, sin posibilidad de competir frente a las naciones de mano de obra barata dominantes en industrias establecidas, ni con economías avanzadas que lideran sectores de alta tecnología e innovación.
Este fenómeno, bautizado por el economista Indermit Gill como “la trampa del ingreso medio”, se revela como una incapacidad de los países en desarrollo de cerrar sus brechas de ingreso con los de economías desarrolladas como Estados Unidos, o naciones europeas y del sudeste asiático.
El Banco Mundial establece el umbral del ingreso medio en un PIB per cápita de hasta US$14,000, cerca de un sexto del de EE.UU. Desde 1960, sólo 24 países de ingreso medio han ascendido a economías de alto ingreso, tras haber superado el umbral durante al menos una década. Entre estos, once son miembros de la Unión Europea (con un PIB per cápita promedio estimado de US$31,000 en 2024 según el FMI), tres descubrieron importantes reservas de petróleo (US$28,000), y cinco son Tigres Asiáticos (US$49,000). En América Latina, sólo Uruguay (US$23,000) escapó a la trampa, mientras que Argentina (US$12,800) y Venezuela (US$3,900) —previamente considerados ricos— han empobrecido.
Durante este período, RD lideró el crecimiento regional, al incrementar su PIB per cápita por diez hasta alcanzar US$11,360 a fines de 2023, posicionada como economía de ingreso medio. Si se mantienen las tendencias, superaremos los US$14,500 per cápita hacia 2028, para entrar en la categoría de alto ingreso. Sin embargo, el desafío principal trasciende estas cifras; consiste en convertir este crecimiento en beneficios tangibles para la población, como mejores salarios, mayor productividad, y una elevada calidad de bienes y servicios públicos.
¿Cómo podemos escapar a la trampa?
La clave radica en identificar nuevas fuentes de crecimiento. Según Gill —actual economista jefe del Banco Mundial—, este proceso involucra tres etapas críticas, intrínsecamente ligadas a estrategias de políticas públicas: mayores inversiones, integrar tecnología extranjera y fomentar la innovación propia. Todo esto enmarcado en un sistema impositivo coherente con una visión de desarrollo nacional.
En cuanto a lo primero, tal como he sugerido en artículos anteriores, el país se beneficiaría de adoptar una estrategia multisectorial para atraer inversiones privadas, apoyada por un plan intensivo de inversión pública.
Tomando como referencia la aspiración presidencial de duplicar la economía en la próxima década, la inversión adicional consistente con esa meta se estima entre 6% y 8% del PIB, es decir, entre US$8,000 – US$10,000 millones. Este es un reto mayor, especialmente porque la relación de inversión a PIB en RD —que asciende a 33%— ya es la mayor de Latinoamérica. Aun así, la inversión pública permanece históricamente baja.
La distinción entre ambas es crucial. Invertir US$400 millones en infraestructuras clave, como la Autopista del Coral —equivalente al monto de un hotel mediano en la costa este—, no sólo atrae más capital privado, sino que también dinamiza y revaloriza otros sectores económicos. Por tanto, cualquier estrategia integral de captación de inversiones debe incorporar obras públicas que multipliquen el empleo y la actividad económica, maximicen el impacto geográfico y fomenten nuevas inversiones privadas.
Además de expandir las inversiones, es vital fortalecer la integración de nuestro sector exportador en las cadenas globales de valor. La diversificación y sofisticación de nuestra matriz exportadora requerirá la adopción de tecnología avanzada y la modernización de los modelos de negocio. Las iniciativas presidenciales de priorizar la industria de semiconductores y transformar a RD en una ‘nación logística’ respaldan esta visión.
Aterrizar estas iniciativas conllevará un aumento sustancial en nuestro capital humano, incluyendo mayor inclusión femenina en la fuerza laboral, dominio universal del inglés y una transformación de nuestro deficiente sistema educativo. Aunque estos cambios ofrecerán beneficios a largo plazo, la urgencia de adaptarnos no permite dilaciones. Por ello, a corto plazo es crucial importar talento para aliviar la escasez actual y que además contribuya a mejorar la capacitación del personal local.
Una vez consolidadas la inversión y la adopción tecnológica, el próximo desafío es la innovación. Desarrollar nichos y ventajas competitivas requerirá de inversiones en investigación, idealmente en colaboración con el sector educativo. Como ejemplo de lo que podría explorarse, están los centros de datos submarinos. Esta tecnología experimental, utilizada en las costas tropicales de China y probada por empresas como Microsoft, aprovecha el enfriamiento natural del mar para reducir costos operativos, el impacto ambiental y mejorar la seguridad de la información. ¿Podría Quisqueya posicionarse como un hub para estas instalaciones, optimizando costos para empresas tecnológicas?
¿Cuáles sectores serán protagónicos?
En un mundo fragmentado geopolíticamente y con crecientes barreras comerciales, superar la trampa del ingreso medio requerirá consolidar y expandir sectores donde tenemos ventajas competitivas y geográficas. El turismo seguirá siendo un motor clave de crecimiento, mientras que las zonas francas y los servicios logísticos seguirán consolidándose como las fuentes del desarrollo económico del futuro. Todo ello deberá respaldarse por inversiones continuas en infraestructura, soluciones a los desafíos energéticos y la modernización de un sistema financiero resiliente.
No obstante, la base para cualquier discusión sobre innovación, integración en cadenas globales de valor, adopción tecnológica, desarrollo del capital humano, modernización financiera o digitalización sectorial, radica en una industria de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) robusta y en constante crecimiento.
En los últimos cinco años, este sector ha invertido cerca de US$1,500 millones (1.5% del PIB), cifra comparable a la inversión extranjera directa (IED) en zonas francas, las cuales operan en máximos históricos. Sin embargo, para competir con países desarrollados y cerrar brechas tecnológicas, se necesitan más inversiones. A modo de comparación, la inversión anual en TIC de países OCDE alcanza el 3% del PIB, esto es, el doble de lo que RD invierte en cinco años.
Incrementar la inversión en las TIC enfrenta obstáculos fiscales. Actualmente, el sector enfrenta la carga fiscal más alta de la economía, afectando directamente a los consumidores. Como referencia, la Comisión de Banda Ancha de la ONU recomienda que el costo del acceso a internet no exceda el 5% de los ingresos mensuales de una persona. En países desarrollados, este costo ronda el 1%. Sin embargo, RD y el resto de América Latina superan este umbral recomendado, a pesar de que los precios locales de datos son inferiores al promedio regional y la inflación del sector promedia menos de 1% anual. Parte del problema es que un tercio de este costo es atribuible a impuestos, la proporción más alta de la región.
Ante esta realidad, la reforma fiscal ofrece una oportunidad para realinear la interacción entre el sector de las TIC, el fisco y el bienestar de los usuarios, orientándola hacia la atracción de inversiones. Esto requerirá una reestructuración de la política tributaria del sector para hacerla más neutral, equitativa, competitiva, simple y adaptable—principios característicos de las economías desarrolladas.
En este contexto, la implementación efectiva de créditos fiscales o exenciones atadas a metas de inversión concretas, como la expansión de la cobertura en zonas rurales o la adopción pionera de tecnologías de última generación —como lo fue el 5G—, no sólo promovería la inclusión digital de hogares de bajos ingresos, sino que también impulsaría el desarrollo integral del sector y la economía.
Superar la trampa del ingreso medio para alcanzar el desarrollo de los países avanzados presenta desafíos tanto intelectuales como prácticos. Se requiere una estrategia integral que abarque la atracción de inversiones, la implementación de políticas efectivas en tecnología y desarrollo de capital humano, y el fomento de nuevos motores de crecimiento, con un enfoque especial en sectores clave como las TIC. De lo contrario, podríamos experimentar la misma frustración de Alicia, quien al correr sin avanzar, escuchó a la Reina Roja decir: ‘¡Vives en un país lento! Aquí, si quieres llegar a otro lugar, ¡debes correr al menos el doble de rápido!’.
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