Santo Domingo.- El dirigente político Vinicio Castillo Semán expresó su respaldo al Proyecto Cabo Rojo, adjudicado este domingo al Consorcio Cabo Rojo, liderado por el Grupo Puntacana. No obstante, advirtió sobre la necesidad de que el Estado imponga límites claros para garantizar que los beneficios del desarrollo turístico lleguen directamente a los dominicanos.
A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), Castillo Semán señaló que, si bien valora positivamente la adjudicación, es fundamental que se establezca como requisito la contratación de trabajadores dominicanos en un porcentaje mayoritario.
“Me parece bien. Pero hay que poner en claro desde ahora: la gran inversión en la zona, que es del Estado, es para generar empleos para dominicanos. Debe ser requisito: 80-20. Si no es así, será un gran imán para haitianizar más Pedernales”, escribió el dirigente.
El Proyecto Cabo Rojo es uno de los principales desarrollos turísticos estratégicos del gobierno en la región sur del país, concebido para dinamizar la economía de la zona fronteriza y generar empleo formal. La inversión, hasta la fecha, ha sido de carácter totalmente público, según recordó el propio Castillo Semán en otro mensaje:
“Es importante que se sepa: el dueño de los hoteles e infraestructuras turísticas que se están construyendo en Pedernales es el Estado. No hay inversiones privadas aún. Ese polo turístico es estratégico para RD. Debe ser para desarrollo de la frontera sur, empleos y prosperidad para los dominicanos de la zona”.
La adjudicación al consorcio encabezado por el Grupo Puntacana fue el resultado de un proceso de licitación nacional e internacional, evaluado por el Comité Administrativo del Fideicomiso Pro-Pedernales. El director ejecutivo del fideicomiso, Sigmund Freund, explicó que la propuesta fue seleccionada por ser la más completa desde el punto de vista técnico y financiero.
Freund aseguró que esta alianza público-privada busca garantizar sostenibilidad, calidad operativa y un modelo de desarrollo responsable para la provincia de Pedernales. No obstante, la observación de Castillo Semán reaviva el debate sobre el tipo de empleo que se generará en la zona y si realmente beneficiará a los dominicanos más vulnerables.
El principio 80-20, citado por el dirigente, hace referencia a la obligación de que al menos el 80% de los empleos generados sean ocupados por nacionales dominicanos. Este principio ya ha sido contemplado en otras legislaciones laborales y proyectos de desarrollo económico para evitar la sobreexplotación de mano de obra extranjera, especialmente haitiana en zonas fronterizas.
El Proyecto Cabo Rojo incluye la construcción de hoteles, infraestructuras de servicios, acceso vial y un aeropuerto internacional. Se espera que en su primera fase se generen más de 15,000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con datos oficiales ofrecidos anteriormente por el Fideicomiso.
El comentario de Vinicio Castillo Semán no es aislado, sino parte de una preocupación extendida en sectores que apoyan el desarrollo turístico, pero exigen que este se haga con políticas claras que aseguren justicia social, soberanía laboral y desarrollo humano sostenible para los dominicanos que habitan en el sur del país.
