DIARIO FINANCIERO.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) anunció que ha superado la mora judicial que durante décadas ensombreció el sistema de justicia dominicano, logrando que el 90% de los expedientes se resuelva en plazos de tres, seis y hasta doce meses. El anuncio fue realizado durante el encuentro «Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia», donde las autoridades del alto tribunal presentaron indicadores que, de sostenerse, representarían una transformación estructural del Poder Judicial.
El avance más llamativo en términos de eficiencia procesal es la reducción del tiempo de tramitación obtenida tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Casación: el plazo cayó de 707 a 27 días, un recorte de más del noventa y cinco por ciento que los magistrados atribuyen a la combinación de reformas normativas y herramientas tecnológicas. Esa cifra sitúa a la SCJ dentro de los estándares de celeridad que organismos internacionales de evaluación judicial suelen considerar aceptables para tribunales de última instancia.
El magistrado Justiniano Montero Montero, presidente de la Primera Sala, precisó que en materias tan sensibles para la actividad económica como los referimientos, los desalojos y los embargos inmobiliarios, ningún expediente supera actualmente los tres meses sin recibir una decisión. Para inversionistas y operadores del mercado inmobiliario, esa garantía elimina una variable de incertidumbre que históricamente encarecía contratos y desincentivaba el crédito hipotecario.
Por su parte, Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala, informó que esa instancia ha alcanzado lo que denominó «mora cero», eliminando el rezago acumulado que durante años postergó la resolución de casos penales. La cifra es políticamente significativa: una justicia penal sin atraso estructural reduce el hacinamiento carcelario vinculado a prisiones preventivas prolongadas y fortalece las garantías del debido proceso.
El secretario general de la SCJ, César García Lucas, detalló que el tribunal registra actualmente 4,273 casos pendientes de fallo, siendo los más antiguos del año 2024, principalmente en materia civil y comercial. Los tiempos de respuesta oscilan entre seis y doce meses en lo civil, tres meses en lo penal, y hasta seis meses en áreas como la laboral, tierras y lo contencioso administrativo y tributario. Comparado con el inventario que existía hace apenas siete años, el número actual representa un avance institucional de magnitud considerable.
Como soporte de esa transformación, el Poder Judicial opera un Observatorio Judicial que permite consultar en tiempo real el estado de cada expediente, y cuenta con un mecanismo de interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para el envío digital de casos. A ello se suman herramientas como el expediente digital, la firma electrónica y la votación digital, que han eliminado cuellos de botella asociados al manejo físico de documentos y a la logística presencial de los plenos.
El contraste con el punto de partida ilustra la dimensión del cambio: en 2019, la SCJ enfrentaba un atraso de más de 18 mil expedientes, varios de ellos con décadas sin resolverse. Ese rezago no era solo un problema administrativo; era una señal de alerta para calificadoras de riesgo e instituciones multilaterales que evalúan el estado de derecho como variable de competitividad. La reducción hasta los niveles actuales, si se consolida con datos verificables del Observatorio Judicial, constituye un argumento de peso para el clima de inversión del país.
El reto pendiente es la transparencia continua. Los indicadores presentados por la SCJ provienen de fuentes internas del propio tribunal, por lo que la validación independiente —a través del Observatorio Judicial, la academia o la sociedad civil— será determinante para que estos logros se traduzcan en confianza duradera por parte de usuarios, litigantes y actores del mercado. El historial de 2019 enseña que los rezagos pueden acumularse silenciosamente; la institucionalidad de los mecanismos de monitoreo es lo que distingue una mejora coyuntural de una reforma genuina.
Fuente: Acento
