Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana respondió con firmeza a los señalamientos del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, que denunció “violaciones a los derechos fundamentales” de haitianos repatriados desde territorio dominicano. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recordó que las repatriaciones de haitianos se realizan conforme a las leyes nacionales y en estricto respeto al debido proceso.
La Cancillería dominicana sostuvo que “las repatriaciones de nacionales haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos”.
Estas declaraciones surgen luego de que el CPT publicara una nota condenando “toda forma de discriminación” contra haitianos residentes en República Dominicana, y expresara preocupación por las condiciones en las que se estarían produciendo las expulsiones. El organismo instó a las autoridades dominicanas a “respetar los derechos humanos” y promover “soluciones duraderas” mediante el diálogo bilateral.
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Por su parte, la Presidencia haitiana hizo un llamado a sus propias instituciones para recibir a los repatriados “en condiciones dignas”, y reafirmó su compromiso de proteger a sus ciudadanos y gestionar la migración de forma “humana y coordinada”.
La controversia se intensificó tras la implementación de un protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos dominicanos, donde se exige identificación válida, carta de trabajo y prueba de residencia a ciudadanos haitianos que buscan atención médica. De no cumplir con estos requisitos, se les brinda atención de emergencia y, posteriormente, son repatriados una vez estabilizados.
La medida, impulsada por el presidente Luis Abinader como parte de su plan para frenar la inmigración irregular, generó críticas desde Naciones Unidas. El secretario general António Guterres, a través de su portavoz, expresó su preocupación por el impacto del protocolo, especialmente en mujeres haitianas embarazadas, advirtiendo que podría generar temor y evitar que acudan a los centros de salud.
No obstante, el gobierno dominicano insistió en que el control migratorio es una prerrogativa soberana y que se realiza conforme a los principios internacionales, respetando la dignidad de los migrantes. En su comunicado, reiteró que “comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos” y aseguró que continuará aplicando sus leyes “de manera responsable”.
La aplicación de las repatriaciones de haitianos ha sido una constante en la política migratoria dominicana, y aunque el país reconoce el drama humanitario que vive Haití, insiste en que no puede asumir responsabilidades que corresponden a la comunidad internacional ni comprometer su propio orden institucional.
