Santo Domingo. – Ángel Martínez, conocido como “el detective”, fue arrestado el pasado lunes 26 de mayo de 2025 en el puerto de Puerto Plata, tras arribar al país a bordo del crucero MSC World America, en un operativo conjunto de la Armada Dominicana y la Policía Nacional. Martínez intentaba abandonar el país pese a estar declarado en rebeldíapor los tribunales dominicanos.
Martínez, un dominicano residente en Estados Unidos, ha ganado notoriedad por sus contenidos en YouTube y redes sociales, donde se presenta como investigador, comunicador y periodista. Su estilo confrontativo y las frecuentes denuncias contra figuras políticas y empresariales dominicanas, en muchas ocasiones sin pruebas verificables, lo han colocado en el centro de múltiples controversias.
Entre los procesos judiciales en su contra se destacan acusaciones por difamación, injuria, delitos de alta tecnología y presunta extorsión. Las más conocidas incluyen una querella del presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, a quien Martínez acusó públicamente de recolectar fondos del narcotráfico para el entonces candidato y actual presidente Luis Abinader. También enfrenta un proceso similar por parte del diputado Sergio Moya (Gory).
Los tribunales dominicanos emitieron órdenes de arresto, publicación de datos personales e impedimento de salidaluego de que Martínez no compareciera a múltiples audiencias, a pesar de haber sido citado formalmente. Su detención se produjo horas después de que publicara un video en redes sociales desafiando a las autoridades y afirmando que no enfrentaba consecuencias legales.
Las autoridades lo acusan de haber utilizado sus plataformas digitales para difamar y, presuntamente, exigir pagos a cambio de retirar contenido, una práctica que medios locales han calificado como “extorsión mediática”.
Al momento de redactar esta nota, Martínez permanece bajo custodia en Puerto Plata, y se espera que sea trasladado a Santo Domingo para continuar con el proceso judicial en su contra.
Este caso abre un nuevo capítulo sobre los límites de la libertad de expresión, el uso responsable de las plataformas digitales y el fortalecimiento del sistema de justicia ante el auge de los medios alternativos no regulados.
