Diario Financiero, República Dominicana – Una cuarta querella judicial fue interpuesta este lunes contra los gerentes de la discoteca Jet Set, tras el trágico colapso del techo del establecimiento ocurrido semanas atrás y que cobró la vida de 232 personas, según cifras oficiales.
La nueva acción legal fue presentada por Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, una de las víctimas mortales del suceso. La querella, en constitución civil, fue formalizada por los abogados Lionel Vicente Correa Tapounet y Alejandro E. Tejada Estévez, y se dirige contra los administradores del emblemático centro de entretenimiento: Antonio Espaillat López, Ana Gracia López, Maribel Espaillat de Beras y Evely Espaillat de Aybar.
Esta demanda se suma a otras tres querellas ya presentadas por familiares de otras víctimas. Entre ellas se encuentra la acción impulsada por los padres de Melissa Yismel Tejada Sosa (26 años) y Gustavo Noel Suero Mella (37 años), representados legalmente por el abogado Félix Humberto Portes. Los firmantes de esa querella son Deyanira Sosa Gómez de Tejada, Wirton Olmedo Tejada, Vianella Mella y Gustavo Antonio Suero Pérez.
Las querellas van más allá de los propietarios del establecimiento. También incluyen como demandados civiles al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a quienes acusan de negligencia institucional en la supervisión, inspección y regulación del local, lo que habría facilitado condiciones estructurales inseguras.
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La primera querella fue introducida por los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano, quienes también atribuyeron responsabilidad al Estado y al cabildo del Distrito Nacional. En todas las demandas se resalta un patrón de presunta omisión de deberes legales por parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad estructural de locales comerciales y de entretenimiento.
El caso Jet Set ha estremecido a la sociedad dominicana, no solo por la magnitud de la tragedia —que se ha convertido en una de las más mortales en la historia reciente del país— sino también por la cadena de supuestas irregularidades y la falta de controles previos al colapso.
Hasta el momento, las autoridades han mantenido abiertas las investigaciones, enfocándose en determinar las causas técnicas del derrumbe del techo. Sin embargo, tanto los familiares de las víctimas como la sociedad civil exigen una respuesta más contundente del Ministerio Público, así como acciones disciplinarias y penales claras hacia los responsables.
La tragedia ha impulsado también una revisión pública de las normativas de seguridad estructural, los protocolos de inspección de locales comerciales y la necesidad de fortalecer los sistemas de fiscalización por parte de los gobiernos locales.
Mientras tanto, los sobrevivientes y familiares de los fallecidos insisten en que la justicia no puede retrasarse ni desvanecerse en procedimientos burocráticos. Las voces de quienes perdieron a sus seres queridos claman por respuestas y por una sanción ejemplar a todos los responsables —tanto privados como públicos— de esta lamentable pérdida humana.
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