Santo Domingo. El proyecto de ampliación de la avenida República de Colombia y la construcción de un túnel frente al Jardín Botánico Nacional ha generado un debate entre el Gobierno, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, y amplios sectores de la sociedad civil y académica.
Según el ministro Paíno Henríquez, la intervención abarcará apenas 200 metros cuadrados, lo que representa el 0.01%de los más de 2 millones de metros cuadrados que componen el parque. Asegura además que no se verán comprometidas áreas sensibles como el herbario o zonas de alto valor científico, y que la obra incluye una compensación ecológica: la creación de un nuevo parque cercano de más de 30,000 metros cuadrados y la ampliación posterior del límite trasero del Jardín Botánico.
Asimismo, las autoridades destacan que, al reducir los tiempos de desplazamiento y la congestión vehicular, se espera una disminución indirecta de emisiones contaminantes, lo que se traduciría en un beneficio ambiental adicional.
Sin embargo, para numerosos expertos, académicos y colectivos sociales, la intervención representa una peligrosa fragmentación de un área protegida bajo la categoría de «científica», tal como lo reconoce la Ley General de Medio Ambiente y la propia Constitución dominicana, que prohíben su alteración, reducción o pérdida de integridad ecológica.
Falta de estudios públicos y dudas sobre la cifra oficial
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la ausencia de información técnica y ambiental pública. Hasta el momento, no se han presentado estudios de impacto ambiental, planos ni análisis de alternativas, lo que genera sospechas y resistencia entre la comunidad universitaria, ecologistas y vecinos.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana, junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha emitido comunicados rechazando tajantemente cualquier intento de fragmentar el Jardín Botánico, por considerar que se trata de un precedente negativo para el país en materia de conservación ambiental y planificación urbana.
Organizaciones ambientales denuncian además que la cifra del 0.01% podría ser imprecisa o engañosa, ya que no está respaldada por documentación pública. Señalan que aunque el área afectada fuera mínima, el principio de inviolabilidad de un área científica protegida no admite excepciones, salvo para fines directamente relacionados con investigación o conservación.
Una compensación que no convence
El Gobierno ha defendido el componente compensatorio del proyecto, indicando que el nuevo parque de 30,000 m² y la extensión posterior del Jardín Botánico superarán con creces el área intervenida. No obstante, desde una perspectiva legal y ambiental, la creación de áreas verdes nuevas no justifica la alteración de un ecosistema ya establecido y protegido, alertan los expertos.
Además, la falta de una evaluación ambiental estratégica que considere el entorno urbano, el impacto acumulado y la viabilidad de rutas alternativas —como desvíos viales por otras zonas— fortalece los argumentos de quienes exigen la paralización inmediata del proyecto.
Una decisión pendiente de debate público
El Ministerio de Obras Públicas ha anunciado que presentará próximamente los estudios técnicos y ambientales del proyecto. Mientras tanto, protestas ciudadanas, campañas mediáticas y recursos legales continúan en curso para exigir un diálogo transparente, sustentado en evidencia científica y en el marco jurídico vigente.
La controversia pone de relieve la tensión entre desarrollo urbano y conservación ambiental, y plantea un desafío institucional: ¿puede el Estado ignorar el marco legal para una intervención mínima? O, por el contrario, ¿debe establecerse un precedente de protección absoluta para las áreas científicas del país?
