CABARETE, República Dominicana. — El acceso a Playa Encuentro nunca ha estado en cuestionamiento y continúa garantizado a través de la vía de la Urbanización Vista del Caribe, según reiteraron los abogados Laura Acosta y Nassef Perdomo, representantes de Inversiones Calpe, empresa vinculada al inversionista estadounidense Lance Lundberg.
Los juristas respondieron a declaraciones públicas emitidas por grupos que se definen como organizaciones comunitarias, las cuales han señalado que el libre acceso a la playa está en riesgo. “El acceso público a Playa Encuentro está abierto y seguirá estándolo. Lo que está en juego es el respeto al derecho de propiedad”, subrayaron Acosta y Perdomo, al aclarar que el propósito del proyecto en desarrollo es impulsar una inversión turística que tendrá impacto positivo en toda la zona.
Fallos judiciales ratifican la vía de entrada
Los abogados recordaron que todas las instancias judiciales —incluyendo la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia 534-2012 y el Tribunal Constitucional en los fallos TC/0037/19, TC/0106/19 y TC/0370/20— han establecido de manera definitiva que la única vía pública de acceso a Playa Encuentro es la entrada por el Residencial Vista del Caribe.
Se trata de una entrada asfaltada y claramente delimitada, en contraste con el supuesto “camino histórico” que algunas entidades alegan, el cual fue creado de manera ilegal por invasores posteriormente desalojados mediante decisiones judiciales irrevocables.
Preocupación por intentos de confusión
Acosta y Perdomo señalaron que el uso de ese “camino histórico” no solo afecta la propiedad privada, sino también el medio ambiente, al facilitar el ingreso ilegal de vehículos a la arena. “Estas pretensiones han sido desestimadas una y otra vez por los tribunales dominicanos”, puntualizaron.
Asimismo, destacaron que el Tribunal Superior Administrativo, en resoluciones emitidas en 2024 y 2025, ordenó a varias instituciones estatales detener la intromisión en la propiedad privada, retirar señalizaciones con informaciones erradas y permitir que la empresa cercara su terreno conforme al deslinde aprobado por la Dirección General de Mensuras Catastrales.
“El incumplimiento de estas decisiones constituye un desacato judicial que erosiona la seguridad jurídica del país”, añadieron los representantes legales. Enfatizaron que no existe contradicción alguna entre las decisiones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, ya que ambas se complementan.
Precisiones sobre sanciones
Sobre versiones de que Inversiones Calpe fue multada por incumplir un fallo del Tribunal Constitucional, explicaron que lo ocurrido fue una liquidación de astreinte derivada de una sentencia de primera instancia en 2018. “Lejos de desconocer los derechos de nuestra representada, esa decisión reafirmó que el acceso debe mantenerse por la vía de Vista del Caribe y nunca a través de propiedad privada”, indicaron.
Impacto en la inversión turística
Finalmente, los abogados advirtieron que la paralización del proyecto turístico —valorado en más de US$400 millones— como consecuencia de desacatos judiciales envía un mensaje negativo a la comunidad inversionista internacional y debilita la seguridad jurídica en la República Dominicana.
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“Un país que no garantiza el cumplimiento de sus propias sentencias afecta la confianza de quienes buscan invertir en su desarrollo”, concluyeron.
