En un mundo globalizado donde los desafíos migratorios son cada vez más complejos, cada país tiene el derecho y el deber de regular su territorio conforme a sus propios principios y leyes. Durante la Semana con la Prensa en Nueva York, el presidente dominicano Luis Abinader fue categórico al reafirmar la necesidad de que República Dominicana se rija exclusivamente por su Constitución y el marco jurídico nacional en la gestión de los casos relacionados con la inmigración y la nacionalidad.
Ante la pregunta de un periodista sobre la protesta del movimiento Reconoci.do, que representa a descendientes de haitianos en estatus migratorio irregular, Abinader subrayó que «tenemos que esperar que se cumpla la ley y la Constitución». Esta breve pero significativa declaración reitera la postura de su gobierno sobre el respeto absoluto al orden constitucional como el único parámetro para regular la situación de los extranjeros en territorio dominicano.
La soberanía y el derecho de los países a establecer sus leyes
Es fundamental reconocer que cada nación es soberana para establecer sus propias leyes migratorias y regular el acceso a la nacionalidad. República Dominicana, como cualquier otro país, tiene la potestad de definir quién es considerado ciudadano y bajo qué condiciones, basándose en su propia historia, contexto social y principios constitucionales. En este sentido, la Constitución dominicana no otorga la nacionalidad automática a los hijos de extranjeros que ingresaron al país de manera ilegal, tal como lo establece la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Esta sentencia, que ha generado debates y protestas dentro y fuera del país, es una manifestación clara de la soberanía dominicana para regular su territorio y su población. Si bien ha habido críticas, especialmente de organizaciones internacionales y de derechos humanos, la realidad es que ningún país ni organización externa tiene la autoridad para imponer un cambio en las leyes internas de República Dominicana.
El marco regulatorio de República Dominicana: un modelo propio
La legislación dominicana en materia migratoria, consolidada a través de su Constitución y las leyes complementarias, como la Ley 169-14 promulgada durante la administración de Danilo Medina, es un ejemplo de cómo un país puede abordar la inmigración y regular el estatus de aquellos que han ingresado de manera irregular, siempre respetando el principio de legalidad.
La Ley 169-14, que vino a mitigar el impacto de la sentencia 168-13, permitió la nacionalización de los descendientes de extranjeros inscritos irregularmente en el Registro Civil dominicano y creó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para aquellos que no habían sido registrados. Estas decisiones, aunque criticadas por algunos sectores, muestran el compromiso del Estado dominicano con el respeto a la legalidad, sin ceder ante presiones externas.
El respeto a la Constitución: clave para la estabilidad jurídica
El llamado del presidente Abinader a que se respete la Constitución y el marco legal vigente refleja un principio fundamental del Estado de derecho. Si cada país tiene la potestad de establecer sus propias leyes, esas leyes deben ser respetadas por todos, tanto a nivel interno como externo. La soberanía jurídica es clave para garantizar la estabilidad política y social de un país, y cualquier intento de imponer normativas externas, por bien intencionadas que sean, socava ese principio.
Este enfoque no solo garantiza que República Dominicana mantenga el control sobre su política migratoria, sino que también sirve como recordatorio de que el respeto a las normas internas es esencial para la convivencia democrática. Ningún gobierno, organización internacional o entidad extranjera puede ni debe intervenir en la definición de las políticas migratorias de un país cuando estas se ajustan al marco de su Constitución.
Perspectiva
El tema de la nacionalidad en República Dominicana seguirá siendo objeto de debate, pero la postura del gobierno es clara: el respeto a la Constitución y al orden jurídico es innegociable. En un contexto donde las presiones externas buscan modificar normativas internas, Abinader ha dejado en claro que su administración no cederá a influencias externas que busquen alterar el sistema legal establecido por el pueblo dominicano.
Para la República Dominicana, la capacidad de definir sus propias leyes y regulaciones migratorias es un componente esencial de su soberanía. Y aunque las demandas de ciertos grupos puedan continuar, cualquier resolución deberá pasar inevitablemente por el filtro del marco jurídico vigente, tal como lo establece la Constitución.
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