En una decisión que ha generado revuelo y dudas sobre la imparcialidad judicial, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó el cese de la prisión preventiva en el caso conocido como “Camaleón.” Los imputados, entre ellos Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), fueron liberados bajo medidas alternativas, en una medida que algunos interpretan como un gesto político.Beras, detenido el pasado 3 de octubre, fue acusado junto con otros dos exfuncionarios de corrupción en la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, un proyecto adjudicado a Transcore Latam por un valor de 1,317 millones de pesos.
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La decisión de la corte incluyó la modificación de la prisión preventiva de 18 meses por medidas menos restrictivas, como el impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de cinco millones de pesos para Beras y Pedro Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Para José Ángel Gómez Canaán(Jochi Gómez), empresario vinculado al caso, la fianza fue fijada en dos millones de pesos, aunque esta decisión no contó con el respaldo unánime de los jueces. La magistrada Isis Muñiz emitió un voto disidente en el caso de Gómez, argumentando que su liberación podría entorpecer la investigación y destruir pruebas cruciales.
La fiscalía, encabezada por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, ha manifestado su rechazo a la variación de la medida de coerción. Camacho expresó su preocupación de que la decisión de la corte envía un mensaje equívoco a las estructuras de corrupción en el país. “Debió mantenerse la prisión preventiva, pero nosotros vamos a seguir trabajando para llevarlos a juicio”, declaró Camacho, subrayando la necesidad de procurar las condenas correspondientes en un eventual juicio. La percepción de que este cambio de medidas puede beneficiar a quienes enfrentan serias acusaciones de corrupción, falsificación y crimen organizado ha sido ampliamente criticada.
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Los abogados defensores, por su parte, celebraron la decisión. Carlos Balcácer, abogado de Gómez, comentó que “la justicia ya no cree en la prisión preventiva,” y señaló que el Ministerio Público deberá aceptar la realidad de que sus acusados no estarán en prisión. Luis Rivas, defensor de Beras, también defendió la decisión como un acto de justicia, mientras que Laura Acosta subrayó que no existe peligro de fuga por parte de su cliente, argumento considerado por los jueces para justificar la libertad bajo fianza.
El caso “Camaleón” fue lanzado por el Ministerio Público para investigar y procesar una supuesta red de corrupción que habría defraudado al Estado con múltiples ilícitos. Las acusaciones incluyen desfalco, estafa, falsificación de documentos, contrabando y sabotaje a infraestructura pública. Beras, Gómez y Padovani fueron inicialmente enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal hace un mes como medida preventiva, mientras se investiga la adjudicación del contrato de semáforos a Transcore Latam.
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El voto disidente de la jueza Muñiz, quien enfatizó el riesgo de que Gómez, en libertad, pudiera destruir pruebas o interferir en el proceso judicial, subraya las tensiones dentro del sistema judicial en casos de alta repercusión pública. Los jueces reiteraron, no obstante, que los allanamientos y el procedimiento de investigación fueron realizados conforme a la legalidad. En respuesta, Camacho reafirmó su compromiso de avanzar en la lucha contra la corrupción, subrayando que aunque respeta la decisión, no la comparte.
Este giro en el caso “Camaleón” reaviva el debate sobre la eficacia de las medidas judiciales en procesos de corrupción de alto perfil. ¿Se están utilizando los recursos legales para proteger a figuras influyentes? ¿O estamos ante un sistema judicial que lucha por equilibrar la justicia y el debido proceso? Las respuestas a estas preguntas serán determinantes para la percepción pública de la justicia en la República Dominicana.
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