La reciente presentación de la Ley de Modernización Fiscal por parte del gobierno dominicano ha reavivado el debate sobre el gasto público, en particular, sobre la asignación presupuestaria al sector educativo. En este contexto, se plantea una pregunta crucial: ¿es sostenible seguir destinando el 4% del PIB a la educación, cuando los resultados de los últimos 12 años no han justificado dicha inversión?
El gobierno planea destinar RD$309,832,150,000.00 al presupuesto del Ministerio de Educación en la Ley General de Presupuesto de 2025, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Educación 66-97, que requiere que se asigne un mínimo del 4% del PIB o el 16% del presupuesto anual al sector educativo. Esta medida, implementada desde hace más de una década, fue vista inicialmente como una solución para mejorar la calidad del sistema educativo. No obstante, tras este periodo, los resultados no han sido los esperados, lo que plantea la necesidad de una revisión profunda.
Un gasto elevado y pocos resultados
Uno de los puntos críticos que deben ser evaluados es el uso de los recursos destinados a la educación. De los más de RD$309 mil millones asignados, más de RD$212,000 millones se destinarán exclusivamente a nómina, lo que deja una porción relativamente pequeña de RD$24,360,349,532.00 para el gasto de capital, es decir, inversiones en infraestructuras y equipamiento.
Aunque el gasto de capital no debe ser tan elevado como en años anteriores, cuando se construían escuelas y se adquiría equipamiento, surge la inquietud de si estos recursos se están gestionando de la manera más eficiente. Es aquí donde surge una preocupación mayor: ¿es justo seguir cargando a la ciudadanía con una reforma fiscal cuando no se han visto mejoras sustanciales en la calidad educativa?
Inmigración y presión sobre el sistema educativo
Otro factor que agrava la situación es el creciente número de estudiantes inmigrantes, en su mayoría en condición irregular, que asisten a los planteles educativos públicos. Este hecho ha añadido una presión adicional sobre el presupuesto, aumentando el costo del sistema educativo sin que se logren mejoras significativas en los indicadores de calidad. Este problema pone en tela de juicio la eficiencia de la inversión del 4% del PIB, y plantea la posibilidad de reducir este gasto sin comprometer el acceso ni la calidad del servicio.
Alternativas para una mayor eficiencia
Una propuesta que ha ganado fuerza en los círculos económicos es la de calcular el gasto educativo no sobre el 4% del PIB, sino sobre el 16% del presupuesto anual del gobierno. Este cambio, según algunos expertos, podría reducir el presupuesto en unos RD$72,354,612,246.56, una cifra significativa que representaría casi la mitad de lo que el gobierno espera recaudar con la reforma fiscal.
Este ajuste permitiría liberar recursos para otros sectores prioritarios, como la salud o la infraestructura, y al mismo tiempo, reduciría la presión sobre la clase media, que será uno de los grupos más afectados por los nuevos impuestos.
Perspectiva
El debate sobre el gasto en educación no es nuevo, pero la coyuntura actual de una reforma fiscal lo hace más urgente que nunca. Mantener el 4% del PIB asignado al sector educativo en un contexto donde los resultados no se han materializado parece una decisión que amerita una revisión. Modificar la Ley 66-97 y adaptar el gasto al 16% del presupuesto podría ser una vía para aliviar el sacrificio fiscal y, al mismo tiempo, exigir un uso más eficiente de los recursos y se puede hacer antes de que se apruebe el presupuesto del 2025.
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