En un giro inesperado dentro del caso de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública mexicano bajo el gobierno de Felipe Calderón, ha lanzado graves acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. García Luna, quien ha sido señalado por sus vínculos con el narcotráfico, asegura que existen pruebas de la relación directa entre el actual mandatario mexicano y los líderes del Cártel de Sinaloa, las cuales han sido ignoradas durante su proceso judicial.
En una carta fechada el 13 de septiembre de 2024, enviada al periodista Keegan Hamilton a través de su abogado, García Luna relató cómo fue arrestado por la DEA en diciembre de 2019 en Irving, Texas. Según su versión, las autoridades estadounidenses le ofrecieron un acuerdo a cambio de inculparse por delitos de narcotráfico, que incluía una breve condena de seis meses y beneficios económicos. Sin embargo, García Luna rechazó dicho trato, afirmando su inocencia y destacando la falta de pruebas contundentes presentadas en su contra durante su juicio en febrero de 2023.
Acusaciones directas contra AMLO y su equipo
La parte más explosiva de la carta se centra en las acusaciones contra el presidente López Obrador y sus colaboradores. García Luna asegura que existen audios, videos y registros de comunicación que vinculan directamente a AMLO con narcotraficantes, y particularmente con los testigos utilizados en su juicio. Aunque no especifica si estas pruebas están en manos de alguna agencia gubernamental estadounidense, reitera que están disponibles en registros públicos tanto de México como de Estados Unidos.
«Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EU, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias», señala García Luna en su misiva. Estas declaraciones, aunque carecen de pruebas públicas adicionales, buscan generar serias dudas sobre la integridad del actual gobierno mexicano.
Denuncia de malos tratos en prisión
Más allá de las acusaciones políticas, García Luna también denuncia las condiciones inhumanas a las que ha sido sometido durante su encarcelamiento. Afirma haber sido recluido en celdas de castigo por casi un año y acusa a compañeros de prisión de intentar grabarlo y provocar su implicación en nuevos delitos. Según él, existen más de dos mil horas de grabaciones en las que intentan «involucrarme con el narcotráfico».
El ex funcionario sostiene que es inocente y que no se ha demostrado ninguna prueba concluyente de enriquecimiento ilícito previo a 2012 en su patrimonio. De hecho, en octubre de 2023, un tribunal falló a su favor al determinar que no existían indicios de ingresos ilegales en su historial financiero.
El contexto internacional y el futuro del caso
A medida que se acerca la fecha de su sentencia, programada para el 9 de octubre de 2024, el caso de García Luna sigue siendo un tema de gran interés mediático tanto en México como en Estados Unidos. Su insistencia en que altos funcionarios del gobierno mexicano están vinculados con el narcotráfico es una acusación que, de probarse, podría desestabilizar la administración de López Obrador y alterar significativamente el panorama político en México.
Mientras tanto, García Luna continúa defendiendo su inocencia y reafirma su confianza en que las pruebas que dice tener finalmente lo exonerarán. No obstante, el hecho de que no haya presentado dichas evidencias de manera pública levanta sospechas sobre la veracidad de sus afirmaciones, lo que añade un elemento de incertidumbre sobre su futuro judicial.
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