El domingo pasado, México llevó a cabo una elección sin precedentes para designar a miles de jueces, desde instancias iniciales hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esta reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcó un antes y un después en la manera en que se eligen los integrantes del sistema judicial.
La misión de observación de la OEA, integrada por 16 comisionados de una decena de países, encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, señaló que el proceso evidenció múltiples “vacíos” y presentó riesgos para la institucionalidad. Uno de los aspectos más preocupantes fue el nivel de participación electoral: solo un 13% del padrón, lo que equivale a cerca de 13 millones de votantes, ejercieron su derecho. Este dato refleja un bajo nivel de involucramiento ciudadano en un proceso clave para la justicia mexicana.
A pesar de la baja participación, la presidenta Sheinbaum calificó la jornada como un éxito, resaltando que los 13 millones de votos superan en cantidad a los senadores que anteriormente elegían a los ministros de la Suprema Corte a partir de ternas propuestas por el Ejecutivo.
El sistema de elección incluyó la votación para el presidente de la Suprema Corte, donde el abogado indígena Hugo Aguilar obtuvo más de seis millones de votos y será la figura principal del máximo tribunal.
No obstante, la Misión de la OEA alertó que los candidatos propuestos por los tres poderes del Estado no fueron evaluados de forma exhaustiva, lo que genera incertidumbre sobre si cuentan con la solvencia técnica y las capacidades necesarias para desempeñar sus cargos. Además, la falta de tiempo para que la ciudadanía impugnara candidaturas y la posibilidad de reelección plantea riesgos, ya que los jueces podrían verse obligados a combinar sus funciones con campañas electorales, afectando la dedicación y calidad de sus resoluciones.
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El oficialismo justificó la reforma como una medida contra la impunidad, que afecta a más del 90% de los casos en México. Sin embargo, sus detractores advierten que esta podría ser una estrategia para capturar el poder judicial, especialmente porque el partido gobernante controla el Congreso y la mayoría de las gobernaciones.
En resumen, la OEA concluye que el modelo aplicado en México tiene importantes falencias y no debe ser un referente para otras democracias de la región. La recomendación busca preservar la independencia judicial y fortalecer procesos electorales transparentes y participativos.
