El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, ha anunciado nuevas sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos, figuras clave del sistema electoral y judicial del país. Las sanciones se aplican en respuesta a lo que Washington describe como un intento de Nicolás Maduro y sus aliados de manipular los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, impidiendo así un proceso democrático transparente e inclusivo.
Entre los sancionados se encuentran Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), además de altos mandos militares y policiales involucrados en la represión posterior a los comicios. Según el comunicado oficial, estas figuras «obstruyeron un proceso electoral competitivo y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo venezolano».
La medida se suma a las ya existentes contra el régimen de Maduro, buscando presionar aún más a sus principales colaboradores. Las sanciones incluyen restricciones financieras, bloqueo de activos y limitaciones para realizar transacciones internacionales. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció nuevas restricciones de visado para otros funcionarios venezolanos.
Análisis: Las sanciones impuestas por EE.UU. no solo reflejan la creciente preocupación internacional por la situación política en Venezuela, sino que también refuerzan la postura de la administración estadounidense de no reconocer la legitimidad de los resultados proclamados por el régimen de Maduro. En este contexto, Washington sostiene que Edmundo González Urrutia fue el ganador legítimo de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Este tipo de sanciones tienden a aumentar la presión sobre los actores clave del régimen, afectando no solo su capacidad de maniobrar en el plano internacional, sino también su influencia en el sistema financiero global. Sin embargo, la efectividad de estas sanciones depende de la coordinación entre países aliados que también buscan una salida democrática en Venezuela.
A nivel interno, estas sanciones pueden aumentar la polarización y la represión. Las figuras sancionadas, como altos mandos militares y jueces, juegan un papel crucial en la perpetuación del control del gobierno sobre las instituciones clave del país. La represión, según EE.UU., ha incluido detenciones arbitrarias, censura e intimidación a los opositores, limitando aún más las libertades civiles y políticas.
En el plano financiero, las restricciones impuestas a los funcionarios pueden tener un impacto indirecto en la economía venezolana, que ya sufre de una profunda crisis. El acceso limitado a fondos y bienes en el extranjero dificulta aún más la posibilidad de Maduro de sostener el aparato estatal sin recurrir a medidas más severas, lo que podría agudizar la crisis social.
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