El Gobierno dominicano y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) llegaron a un acuerdo clave para modificar la Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras semanas de críticas por parte de diversos sectores que consideraban que la normativa violaba los derechos ciudadanos. El consenso alcanzado permitirá presentar modificaciones ante el Congreso Nacional para aclarar ciertos puntos de la ley y garantizar que las actuaciones de la DNI respeten los derechos fundamentales.
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Análisis: Hacia un equilibrio entre la seguridad y los derechos ciudadanos
La Ley 1-24, promulgada para fortalecer la seguridad nacional, fue rápidamente cuestionada debido a varias ambigüedades que podían interpretarse como una vulneración de los derechos ciudadanos. Entre las preocupaciones se encontraba el amplio alcance que se le otorgaba a la Dirección Nacional de Inteligencia para investigar actividades que pudieran considerarse una amenaza a la seguridad nacional, sin la supervisión adecuada.
El acuerdo entre el Gobierno y la SDD responde a estas críticas, asegurando que las actuaciones de la DNI estarán precedidas por una orden judicial. Este cambio, que será incluido específicamente en los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de la ley, es crucial para garantizar que cualquier acción llevada a cabo por la DNI cuente con un marco legal claro que respete el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, especialmente en lo que respecta al secreto de las fuentes periodísticas.
Persio Maldonado, presidente de la SDD, destacó que el objetivo del acuerdo es construir una versión de la ley que esté en consonancia con la Constitución y que proteja los derechos ciudadanos, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad nacional sin sacrificar el sistema democrático. En este sentido, el consenso alcanzado se alinea con los principios democráticos de transparencia y respeto a los derechos fundamentales, garantizando que la seguridad nacional no se utilice como pretexto para coartar libertades.
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Modificaciones a los artículos clave
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, subrayó que las modificaciones propuestas se centran en aclarar que las actuaciones de la DNI, especialmente en lo que respecta a la recolección de información, deben estar siempre amparadas por una orden judicial. Este ajuste responde a la inquietud de varios sectores de la sociedad que temían que la ley permitiera investigaciones sin las garantías procesales adecuadas.
Entre las modificaciones más destacadas, el artículo 9 establece que la DNI podrá investigar actividades que representen una amenaza a la seguridad nacional, pero siempre bajo el control judicial. Asimismo, el artículo 11 garantiza que cualquier solicitud de información por parte de la DNI a entidades públicas o privadas deberá respetar los límites establecidos en la Constitución y las leyes sectoriales.
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Impacto en la libertad de prensa
Uno de los puntos más delicados de la ley era su potencial impacto en la libertad de prensa, especialmente en lo que respecta al secreto de las fuentes periodísticas. El acuerdo alcanzado deja claro que este derecho será respetado y protegido en las reformas a la ley, lo que representa una victoria importante para los periodistas y medios de comunicación.
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