La reducción de la jornada laboral en Brasil comenzará el 16 de diciembre, cuando el tope semanal baje de 44 a 42 horas, y llegará a 40 horas en diciembre de 2027, sin recorte de salarios. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el decreto reglamentario el jueves 19 de noviembre.
El cambio toca a la mayor economía de América Latina y a uno de los principales socios comerciales de la región. Las empresas brasileñas tendrán que reorganizar turnos y costos de personal con menos de un mes de margen, en plena temporada de fiestas, y el gremio industrial ya cifró el costo del ajuste. Según el Gobierno, al terminar la transición la medida beneficiará a 36.5 millones de trabajadores.
Cómo será la transición
El decreto reglamenta la ley que el Congreso aprobó en octubre y pasa de una semana de seis días a una de cinco. En la primera etapa, el límite baja a 42 horas y el trabajador recibe dos días de descanso remunerado. En la segunda, prevista para diciembre de 2027, el tope queda en 40 horas.
El Ministerio de Trabajo, a cargo de Luiz Marinho, deberá fijar reglas propias para los sectores con jornadas especiales o fuera del esquema convencional, como hospitales y servicios de vigilancia. También deberá hacerlo con las actividades que no pueden detenerse, entre ellas refinerías, plantas de ensamblaje de automóviles y siderúrgicas. Marinho explicó que esas normas se establecerán «mediante acuerdos y negociaciones colectivas».
El ministro agregó que «se celebraron más de un centenar de reuniones con diversos sectores de la economía para debatir el diseño del decreto».
Costo y reclamos del sector empresarial
La Confederación Nacional de la Industria (CNI) estima que el cambio tendrá un impacto de 11,000 millones de reales, algo menos de US$2,000 millones. El gremio pidió que las nuevas reglas no alcancen a los convenios colectivos firmados antes de la nueva norma.
La Confederación Nacional del Comercio (CNC) argumenta que la cercanía de la fecha de inicio agrava el efecto sobre el sector. A su juicio, no hay tiempo para adaptarse durante las fiestas de fin de año, cuando la actividad comercial aumenta.
El asunto llegó a la Corte Suprema por iniciativa de representantes de empresarios y de la industria. Las reglas de transición se conservaron después de una decisión que el magistrado Flávio Dino, encargado de instruir la causa, dictó la semana pasada.
La posición de Lula
El mandatario dijo que la reforma encontrará oposición en el empresariado, a quien reprochó no haber compartido con los trabajadores las ventajas de la digitalización. Advirtió también que ese sector buscará llevar la norma a los tribunales y posponer su aplicación. «Una persona descansada produce mucho más que una persona cansada, ya sea en áreas intelectuales o en servicios pesados», afirmó, y señaló que su objetivo es «humanizar» el mundo del trabajo.
La reducción de la jornada fue una de las principales banderas de su campaña por la reelección, en la que, según analistas vincularon su remontada a sus medidas económicas antes del balotaje.
Hasta el 16 de diciembre quedan por definir las normas sectoriales del Ministerio de Trabajo, y Lula prevé que el empresariado acudirá a los tribunales para intentar retrasar la entrada en vigor.












