Los comercios que no lograron incorporarse a la facturación electrónica antes del 15 de noviembre de 2026 no enfrentarán, por el momento, multas, sanciones ni clausuras, anunció la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El organismo explicó que su prioridad inmediata será asistir y orientar a quienes todavía operan fuera del sistema.
El mensaje busca calmar a miles de pequeños negocios, en particular colmados, que cerraron el plazo con dudas sobre su capacidad técnica y con fallas reportadas en las horas finales. Para ellos, el lunes 16 de noviembre no trae una sanción ni un cierre automático, aunque la obligación de emitir comprobantes electrónicos continúa en pie.
Un plazo ya extendido y una advertencia que se mantiene
La fecha límite aplicaba a pequeños contribuyentes, microempresas y contribuyentes no clasificados. Fue resultado de una prórroga administrativa excepcional y generalizada de seis meses, concedida de forma automática a quienes debían cumplir originalmente el 15 de mayo de 2026.
La DGII había insistido en que no habría otra extensión, porque el calendario está fijado en la Ley 32-23. Tras el vencimiento, sin embargo, precisó que no actuará de forma inmediata contra los negocios que no terminaron el proceso.
La expresión «por el momento» es la clave de la comunicación. La DGII no derogó la obligación ni declaró una amnistía definitiva: lo que hizo fue posponer las medidas punitivas mientras refuerza la asistencia técnica. La entidad conserva la facultad de abrir procesos de fiscalización y sanción según la ley, de modo que el incumplimiento no queda sin consecuencias a futuro.
Cuánto podrían costar las infracciones
La Ley 32-23 establece infracciones para quienes, pasado el plazo, no se conviertan en emisores electrónicos. De acuerdo con lo que informó la DGII, la multa equivale a cinco salarios mínimos en el caso de las pequeñas empresas y llega a 20 salarios mínimos para las medianas y grandes. Otras referencias citadas apuntan a un rango más amplio, de cinco a 30 salarios mínimos, que depende de la infracción y de la categoría del contribuyente.
Si hay reincidencia o un incumplimiento grave, la normativa abre la puerta a suspender concesiones o privilegios y a una clausura temporal. La DGII aclaró que no ordenará el cierre de un establecimiento solo por no haberse integrado a tiempo: esa medida no es consecuencia automática de un simple retraso.
Además, antes de imponer cualquier castigo, la institución tiene que levantar un acta de incumplimiento y permitir que el contribuyente exponga sus argumentos. Las fiscalizaciones se harán por grupos, un esquema gradual que descarta una ofensiva simultánea sobre todos los negocios que siguen fuera.
Herramientas y pasos para ponerse al día
Para facilitar la transición, la DGII pone a disposición un Facturador Gratuito y tramita sin costo el certificado digital durante un año. Ambas medidas apuntan a reducir los obstáculos técnicos y económicos que enfrentan los comercios pequeños, que deben ver la incorporación como un deber pendiente y no como una opción.
Entre las acciones que se señalan están consultar el estado de incorporación en los canales oficiales, registrarse como emisor electrónico, obtener el certificado digital, habilitar la emisión de comprobantes fiscales electrónicos y solicitar orientación a la DGII antes de que arranquen las fiscalizaciones. También se aconseja guardar constancia de las gestiones realizadas, de los problemas técnicos y de las solicitudes de ayuda, por si es necesario justificar la situación ante la institución.
El pedido de los pequeños comerciantes
La aclaración de la DGII responde a la inquietud de comerciantes, sobre todo colmaderos, por su nivel de preparación. Varios sectores habían solicitado que no se sancionara de inmediato a quienes no alcanzaran a cumplir, alegando problemas de implementación y un acompañamiento insuficiente.
Con su posición, la entidad intenta combinar dos mensajes: sostener la exigencia legal y evitar que el vencimiento desemboque en un castigo masivo contra pequeños negocios. La orientación es hoy la prioridad declarada, mientras las sanciones siguen siendo una posibilidad si los contribuyentes no regularizan su situación. Quedará por ver si la DGII publica fechas o criterios para iniciar las fiscalizaciones por grupos y cuánto avanza la incorporación de los rezagados en las próximas semanas.













