El expresidente paraguayo Santiago Peña quedó bajo arresto domiciliario este viernes 6 de noviembre, por orden de la Fiscalía y pocas horas después de que el Senado aprobara su destitución en un juicio político. La detención de Santiago Peña está vinculada al cierre del Ueno Bank, un banco con 2.94 millones de clientes.
La magnitud de la entidad explica el alcance social del escándalo: Paraguay tiene alrededor de 6.1 millones de habitantes, de modo que la cartera de clientes del Ueno Bank equivale a cerca de la mitad de la población. Miles de ahorrantes reportaron problemas para disponer de su dinero, entre ellos unos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), uno de los principales fondos de pensiones del país.
Una orden judicial que alcanza al exjefe del Banco Central
La Policía Nacional informó que Peña fue notificado de la medida en su vivienda. «Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se le puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio», dijo un oficial a periodistas que esperaban frente a la casa.
De acuerdo con la orden, el exmandatario debe mantenerse en detención domiciliaria hasta que sea presentado ante el Ministerio Público, concretamente ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, con sede en Asunción. La fiscal Silvia González señaló que los funcionarios comprobaron su presencia en el inmueble y le comunicaron formalmente la disposición.
El mismo documento judicial manda detener a Carlos Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el martes 3 de noviembre, fecha en que renunció por el presunto vaciamiento del Ueno Bank. El vaciamiento consiste en sacar activos de una entidad financiera hasta dejarla sin capacidad de responder a sus depositantes.
Del procedimiento de resolución a las protestas
El conflicto se desató cuando el BCP dispuso un procedimiento de resolución sobre el Ueno Bank. Se trata de la herramienta con la que el supervisor interviene un banco en dificultades para ordenar su liquidación o reestructuración, y su aplicación dejó a muchos clientes sin acceso ágil a sus fondos.
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Imágenes de la televisión local mostraron a unos veinte agentes vigilando la residencia, mientras un grupo de manifestantes pedía que el exgobernante fuera enviado a prisión. «El pueblo exige que vaya a la cárcel. Nos vamos a quedar en vigilia para que no se vaya y duerma tras las rejas», dijo una mujer identificada como Andrea Salazar.
Los reportes disponibles no precisan los cargos concretos ni el monto de los recursos comprometidos. Para el sistema financiero regional, el caso ilustra cómo la intervención de un banco con una base tan amplia de clientes puede derivar en una crisis política e institucional.
Resta saber cuándo Peña y Carvallo Spalding comparecerán ante la unidad anticorrupción, qué acusaciones formulará el Ministerio Público y en qué plazo los depositantes del Ueno Bank, incluidos los jubilados del IPS, podrán recuperar sus fondos.
