El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) exigió este lunes al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto de ley que extiende la responsabilidad penal corporativa prevista en el artículo 31 del Código Penal, cuya entrada en vigor está fijada para el 5 de noviembre de 2026, apenas tres días hábiles desde hoy.
La urgencia del gremio responde al calendario legislativo: aunque el Senado declaró el proyecto de urgencia y lo aprobó el 21 de octubre, aún falta el voto de la Cámara de Diputados y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Si el proceso no concluye antes del jueves, las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas entrarían en vigor sin que las empresas hayan tenido tiempo de adaptarse.
El proyecto y su alcance
La iniciativa, impulsada por el senador de La Altagracia Rafael Barón Duluc Rijo, propone extender por dos años el plazo de vigencia del régimen que hace a las empresas y organizaciones penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre o en su beneficio. Bajo ese nuevo marco legal, las personas jurídicas podrían ser sancionadas penalmente si no cuentan con estructuras internas de control y cumplimiento adecuadas.
En comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el CONEP valoró la declaratoria de urgencia aprobada por los senadores, pero advirtió la necesidad de mayor celeridad. «Consideramos de especial importancia que el proyecto continúe su curso legislativo con la celeridad que amerita, mediante su oportuna remisión a la Cámara de Diputados, a fin de que pueda completarse el proceso de aprobación y posterior promulgación antes de dicha fecha», señala la comunicación enviada a ambas cámaras.
Por qué el sector privado pide más tiempo
El CONEP argumenta que la ampliación del plazo es indispensable para que las empresas puedan diseñar e implementar programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación de riesgos. Estas estructuras, conocidas en el ámbito corporativo como compliance, son precisamente las que el nuevo régimen tomará en cuenta para determinar si una organización actuó con debida diligencia.
El gremio también señala que el tiempo adicional permitiría capacitar a los operadores del sistema de justicia, como fiscales y jueces, y definir criterios institucionales que aseguren una aplicación uniforme y previsible de la norma. El CONEP enfatizó que la entrada en vigor del nuevo régimen debe producirse con «criterios claros de imputación y estándares objetivos para la valoración de los programas de cumplimiento», tomando en cuenta la naturaleza, tamaño, actividad y nivel de riesgo de cada entidad.
Pedidos concretos al Senado y a la Cámara
Al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el CONEP solicitó que impulse la pronta remisión del texto aprobado a la Cámara de Diputados. A Alfredo Pacheco le pidió que, una vez recibido el proyecto, acelere su trámite en la Cámara para garantizar su aprobación y promulgación antes del 5 de noviembre de 2026.
El gremio, que agrupa a las principales organizaciones empresariales del país, reiteró su disposición para colaborar técnicamente en los procesos de revisión e implementación de las disposiciones, y afirmó su compromiso con el fortalecimiento del marco institucional y la promoción de una cultura empresarial de integridad. La ventana para actuar es estrecha: si la Cámara no sesiona y aprueba el proyecto en los próximos días, las empresas dominicanas quedarán sujetas a un régimen de responsabilidad penal corporativa para el cual, según el propio sector privado, aún no están preparadas.
