El presidente Luis Abinader presidió este lunes en el Palacio Nacional la suscripción de un compromiso anticorrupción que obliga a 16 instituciones del sector salud y la seguridad social a aplicar seis ejes de control, una iniciativa que aterriza en plena tormenta: el Colegio Médico Dominicano acaba de depositar una querella contra el excontador del Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS) por un presunto faltante de RD$64,576,829.23 acumulado entre 2018 y 2025.
El acuerdo, encabezado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, involucra entidades que administran dinero, datos clínicos y beneficios sociales para millones de dominicanos, desde la compra de medicamentos hasta el pago de pensiones y la gestión del seguro de salud. Su alcance real quedará definido por la publicación de resultados concretos, no por la firma en sí.
Quiénes se comprometieron
El acuerdo abarca diez organismos rectores y reguladores: el Ministerio de Salud Pública (MISPAS), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Sisalril, la Sipen, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), el Conadis, el SIUBEN y Promese/CAL.
A ese bloque se incorporaron cinco hospitales de la red pública: Sigifredo Alba Domínguez, Jacinto Mañón, Vinicio Calventi, Darío Contreras y Nuestra Señora de la Altagracia, más el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot). La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) asumió el rol de acompañante técnico para la implementación y la detección temprana de irregularidades.
Seis frentes de trabajo y áreas de riesgo prioritarias
El modelo articulado en el compromiso tiene seis componentes. Primero, la responsabilidad personal de los directivos frente al cumplimiento normativo. Segundo, la elaboración de mapas de riesgo institucionales que identifiquen los puntos más vulnerables de cada entidad. Tercero, el establecimiento de políticas formales de integridad, con códigos y protocolos de conducta escritos. Cuarto, el refuerzo de los controles y las auditorías internas. Quinto, la habilitación de canales de denuncia accesibles tanto para empleados como para la ciudadanía. Sexto, la formación continua del personal en ética pública y marco normativo.
Esos seis ejes se aplicarán de forma prioritaria en las áreas históricamente más expuestas: contrataciones públicas, planificación institucional, presupuesto, recursos humanos, tecnología y prestación directa de servicios al usuario.
Cifras del acto y declaraciones de los funcionarios
La directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, ofreció el dato más específico de la jornada: 111 hospitales públicos están al día en sus pagos y operan sin deudas pendientes en sus servicios. No precisó qué centros integran ese universo ni explicó la metodología detrás del cálculo, un vacío que dificulta cualquier verificación independiente.
Atallah enmarcó el acuerdo en la naturaleza de los recursos que maneja el sector. «Los recursos públicos no nos pertenecen y la confianza que recibimos no es privilegio, es una responsabilidad. Detrás de cada medicamento hay un paciente en espera y detrás de cada recurso público hay una familia que pone sus esperanzas en nosotros», sostuvo. Condensó también la filosofía del documento: «La integridad no es un acto, es una forma de servir». Al acto asistieron Julio Landrón, director del SNS, y Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, dos de las instituciones con mayor volumen de compras y mayor número de afiliados del sistema.
El andamiaje institucional detrás del pacto
Según informó la DIGEIG, la firma de este lunes se apoya en un andamiaje que la administración Abinader viene construyendo desde finales de 2024. En diciembre de ese año, el organismo ya había suscrito con el sector un acuerdo estratégico de integridad dirigido específicamente a altos cargos y mandos gerenciales. Más adelante, el Decreto 76-25 formalizó la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, con la DIGEIG en la presidencia y la Dirección General de Contrataciones Públicas en la dirección ejecutiva.
Al cierre de 2025, la DIGEIG contabilizó 191 Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y Oficiales de Integridad activos en el Estado, junto con 63 matrices de riesgos conductuales y 24 instituciones que ya habían formalizado compromisos estratégicos. En septiembre de ese año, la OCDE valoró positivamente la trayectoria del país en integridad gubernamental en un evento presidido por Abinader. El expediente de SeNaSa, que el propio mandatario invocó en su momento como ejemplo de tolerancia cero ante señales de irregularidad, constituye otro antecedente directo dentro del mismo sector.
Lo que determinará el peso real del compromiso anticorrupción no es el acto de firma, sino los registros que vengan después: matrices de riesgo publicadas por institución, datos abiertos sobre contrataciones y adquisiciones de medicamentos, resultados de auditorías con nombres y montos específicos, y estadísticas desagregadas de los canales de denuncia, que permitan saber cuántas alertas se recibieron, cuántas se investigaron y cuántas concluyeron en expediente judicial. El propio sector que este lunes formalizó ese compromiso enfrenta una querella por un presunto faltante que, según el Colegio Médico, tardó años en salir a la luz.
