La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) detectó señales de presión sobre el periodismo dominicano que, a su juicio, «requieren atención», según los informes por país presentados en su 82ª Asamblea General, celebrada en Bogotá y clausurada el domingo 25 de octubre. El organismo aclara que República Dominicana mantiene, en términos generales, un entorno propicio para el ejercicio de la prensa y la expresión, pero advierte que cuatro áreas específicas presentan riesgos concretos.
Esos focos abarcan el acceso a fuentes oficiales, la relación entre periodistas y agentes del Estado, el marco legal que regula la expresión pública y el deterioro del ecosistema informativo digital. Cuando esos cuatro frentes se deterioran de forma simultánea, la capacidad de los medios para producir periodismo de investigación se estrecha y la confianza del público en la información que consume se resiente.
Periodistas agredidos y el cierre de La Semanal
El informe del organismo hemisférico consigna al menos dos incidentes físicos contra reporteros durante coberturas en 2025. Junior Marte, corresponsal de RNN con base en Santiago, fue empujado por un agente penitenciario el 15 de mayo mientras cubría una diligencia. Semanas más tarde, a finales de julio, el periodista y abogado puertoplateño Gregorio del Rosario sufrió una agresión por parte de particulares no identificados mientras registraba con su teléfono una incidencia en el Palacio de Justicia de esa provincia; el aparato le fue arrebatado.
La SIP también marcó como motivo de inquietud la supresión de La Semanal, el espacio periódico en que el presidente Luis Abinader respondía preguntas de la prensa. Su eliminación, señala el organismo, redujo los canales directos de interlocución entre el jefe del Ejecutivo y los medios, lo que repercute en el acceso a fuentes oficiales y a información de interés público.
Marco legal y riesgos digitales
En el plano jurídico, la SIP manifestó preocupación por artículos del Código Penal dominicano vinculados a la expresión pública, sin precisar numerales concretos, pero advirtiendo que podrían inhibir la investigación periodística, la denuncia de asuntos colectivos y la crítica a figuras con responsabilidades públicas o privadas. Ese tipo de disposiciones, cuando se aplican sin garantías robustas, actúan como desincentivos para coberturas sensibles.
En cuanto al entorno digital, el documento advierte que la desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones con intención de causar daño han ampliado su presencia en la conversación pública. En ciertos espacios en línea, ese tipo de contenido compite en alcance con el periodismo elaborado bajo criterios de verificación profesional. La SIP reconoció que la multiplicación de plataformas y cuentas ensanchó el pluralismo informativo, pero advirtió que ese mismo fenómeno «ha facilitado el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas».
Un fallo del Tribunal Constitucional que sienta precedente
En contraste con las alertas anteriores, la SIP subrayó una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que el organismo califica de referente regional. En septiembre pasado, el Tribunal desestimó la solicitud de borrado de notas publicadas por Diario Libre y alojadas en Google LLC en 2019. Esas publicaciones abordaban a una persona vinculada a la investigación de la organización de narcotráfico liderada por César Emilio Peralta, alias César el Abusador.
El Tribunal fundamentó su rechazo en tres argumentos: la información tenía origen en fuentes de carácter oficial; correspondía a un asunto de interés público; y no había prueba de que fuera inexacta. Además, ponderó que las notas describían hechos dentro de un proceso investigativo sin atribuir culpabilidad al reclamante. La SIP calificó la decisión como «particularmente relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido», un debate que se intensifica en toda la región a medida que más personas intentan retirar registros periodísticos de las plataformas digitales.
La atención a partir de ahora estará en la postura que adopte el Gobierno dominicano ante las observaciones del organismo y en si la Presidencia establece un mecanismo de acceso a la prensa que sustituya a La Semanal, cuya supresión continúa siendo el punto de mayor fricción visible entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.
