La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó este jueves 8 de octubre la propuesta de articular las leyes de lavado de activos y extinción de dominio contra el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados, en el marco de la reunión del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención establecido por la Ley núm. 17-19.
La medida busca potenciar la capacidad del Estado de perseguir a los responsables de estas actividades e identificar y confiscar los recursos económicos que generan, lo que incide directamente en la recaudación fiscal y en la competencia que enfrenta la industria nacional frente a productos que evaden controles y obligaciones tributarias.
El impacto sobre la industria y los consumidores
La AIRD advirtió que el comercio ilícito produce tres efectos concretos: genera competencia desleal para las empresas formales, pone en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores al introducir al mercado productos sin regulación, y erosiona la recaudación del Estado dominicano.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, subrayó el carácter compartido de la responsabilidad. «Combatir el comercio ilícito es una tarea que requiere el compromiso de las autoridades y del sector privado. Desde la industria, acompañamos estos esfuerzos porque protegen a los consumidores y a las empresas que invierten, generan empleos y cumplen con sus obligaciones», señaló.
La asociación valoró que el Consejo impulse una respuesta que combine tres componentes: prevención, intercambio de información entre sectores público y privado, y aplicación efectiva de la ley. En ese sentido, la participación de la industria incluye aportar datos sobre los productos y las modalidades de comercio ilícito que afectan al mercado dominicano, para apoyar las labores de fiscalización y control.
La propuesta: articular herramientas legales existentes
Pujols precisó que la propuesta discutida en el Consejo apunta a abordar tanto la comercialización de productos ilícitos como las estructuras económicas que sostienen esas actividades. «El país cuenta con herramientas legales importantes para enfrentar estas prácticas. La propuesta presentada en el Consejo contribuye a aprovecharlas de manera articulada, identificar los recursos que generan estas actividades y, cuando corresponda legalmente, privar a sus responsables de los beneficios económicos obtenidos», agregó.
El Consejo Interinstitucional es presidido por la Procuraduría General de la República y cuenta con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes como secretaría, de conformidad con la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito. La AIRD reconoció las recomendaciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y del ministro Eduardo Sanz Lovatón como insumos para fortalecer la coordinación interinstitucional.
El alcance real de la propuesta y su eventual traducción en cambios normativos dependerá de cómo el Consejo avance en la articulación de las disposiciones del Código Penal con las leyes de lavado de activos y extinción de dominio, un proceso que los sectores público y privado deberán concretar en las próximas sesiones de trabajo.
