Las microfinanzas requieren políticas públicas que vayan más allá del acceso al crédito para que los pequeños emprendedores puedan consolidar sus negocios y salir de manera permanente de la pobreza, según plantearon especialistas del sector durante un encuentro reciente sobre movilidad social y microcrédito.
La advertencia cobra peso en República Dominicana, donde los datos de 2025 muestran una brecha significativa: la pobreza alcanzaba alrededor del 17% de la población, pero quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad (un escalón por encima de la pobreza, pero expuestos a caer en ella ante cualquier choque) representaban cerca del 33%, según cifras citadas por Giovanny Di Placido, director de Research de la Fundación Microfinanzas BBVA.
El límite del crédito como herramienta
Di Placido explicó que el reto central del sector es transformar emprendimientos que hoy funcionan como mecanismos de autoempleo o subsistencia en vehículos reales de movilidad social. Para lograrlo, indicó, se necesita una combinación de financiamiento, acompañamiento y construcción de activos y resiliencia, no solo la entrega de un préstamo.
Señaló que, cuando los emprendedores alcanzan determinados niveles de activos, comienzan a alejarse de la pobreza de forma más estable. El problema es que ese umbral es difícil de alcanzar sin condiciones habilitantes: políticas que eleven la productividad, faciliten la formalización y fortalezcan la salud financiera de los pequeños negocios.
Mercedes Canalda, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, y Stephanie García, directora de Estrategia e Impacto de la Fundación Microfinanzas BBVA, coincidieron en que la población vulnerable (ese 33%) necesita además mecanismos de protección ante riesgos externos, en particular los fenómenos climáticos, que pueden destruir activos acumulados con esfuerzo y devolver a un emprendedor a la pobreza en cuestión de horas.
La brecha entre vulnerables y pobres
La distinción entre pobreza y vulnerabilidad es clave para entender el desafío de las microfinanzas en el país. Mientras la pobreza se mide por ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, la vulnerabilidad describe a hogares que superaron ese umbral pero carecen de los activos, ahorros o redes de protección necesarios para sostener esa mejora ante un choque económico, un desastre natural o una enfermedad.
Di Placido subrayó que en República Dominicana esa población vulnerable es significativamente mayor que la población en pobreza, lo que amplía el universo de personas que las políticas públicas deben atender si el objetivo es una reducción sostenida y no reversible de la exclusión social.
Los participantes del encuentro señalaron que las políticas necesarias incluyen condiciones para elevar la productividad de los pequeños negocios, facilitar su ingreso a la economía formal, fortalecer su salud financiera y protegerlos frente a riesgos climáticos. El sector microfinanciero, en ese esquema, opera como una palanca, pero no puede sustituir al Estado en la creación de ese entorno habilitante. La próxima prueba para la región será si los gobiernos traducen esos diagnósticos en medidas concretas antes de que nuevos choques externos (aranceles, fenómenos climáticos o desaceleración global) erosionen los avances logrados.
