El abastecimiento de hospitales públicos enfrenta un riesgo de desabastecimiento, según advierten dos de los principales gremios farmacéuticos del país, que cuestionan una disposición del Servicio Nacional de Salud (SNS) que obliga a los centros de salud del Estado a adquirir el 80% de sus medicamentos e insumos a través de PROMESE/CAL y LABOQUIDOM.
La medida, emitida por el SNS, Servicio Nacional de Salud, fuerza a los hospitales públicos a canalizar la mayoría de sus compras por el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) y el Laboratorio Químico Dominicano (LABOQUIDOM), dejando apenas el 20% restante para adquisiciones fuera de estos canales. El impacto directo recae en la industria farmacéutica privada, que pierde acceso a una parte sustancial del mercado público, y eventualmente en los pacientes si la oferta disponible no cubre la demanda en tiempo y forma.
Las objeciones del sector farmacéutico
La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas señalaron, en un pronunciamiento conjunto, que la disposición pone en riesgo el abastecimiento oportuno de los centros de salud. Ambas organizaciones reconocieron que el objetivo declarado de la medida, lograr eficiencia y ahorro en el gasto público, es válido; sin embargo, sostienen que la norma, en su forma actual, no garantiza que PROMESE/CAL y LABOQUIDOM cuenten con la capacidad suficiente para cubrir el volumen de demanda que se les exige.
Además del problema de suministro, los gremios alertaron que la disposición afecta la libre competencia al restringir el acceso de proveedores privados al mercado hospitalario público, lo que también repercute de forma directa en la industria farmacéutica nacional, que históricamente ha abastecido a estos centros.
Eficiencia vs. capacidad de respuesta
El debate de fondo es si PROMESE/CAL y LABOQUIDOM, las dos entidades estatales designadas como canales obligatorios, tienen la infraestructura logística y el inventario para asumir el 80% de las compras de todos los hospitales públicos del país sin generar quiebres de stock. Esa es, precisamente, la preocupación central que plantean ARAPF y la Asociación de Industrias Farmacéuticas: que la concentración de compras en dos organismos puede convertirse en un cuello de botella si alguno de ellos falla en la entrega.
Las dos organizaciones no rechazaron de plano la lógica de centralizar compras, una práctica que en varios países permite negociar mejores precios por volumen y reducir el gasto en salud pública. Lo que cuestionan es la implementación de la medida sin mecanismos que garanticen el abastecimiento ininterrumpido, ni mecanismos que preserven un nivel mínimo de competencia entre proveedores.
El SNS no había emitido una respuesta pública a los planteamientos de los gremios hasta el momento de publicación de esta nota. La siguiente señal a seguir es si el organismo abre una mesa de diálogo con el sector privado o mantiene la disposición en sus términos actuales, lo que determinaría el margen de operación de la industria farmacéutica nacional en el mercado hospitalario público para los próximos meses.
