El bienestar de una sociedad mejora cuando sus adultos mayores pueden retirarse con una pensión suficiente para cubrir lo esencial; sin ella, la vejez cae en dependencia. Existen, en general, dos tipos de sistemas de pensiones.
En el sistema de reparto, el trabajador joven paga la pensión del jubilado, con la expectativa de que la siguiente generación haga lo mismo por él. Esa situación depende de la demografía, que se ha vuelto un problema en muchos países. Los sistemas de reparto acumulan déficits actuariales crecientes, lo que eleva el gasto público y obliga a subir las cotizaciones, retrasar la edad de retiro y recortar el monto de la pensión.
En el sistema de capitalización individual, cada trabajador dispone de una cuenta de ahorro previsional de su propiedad. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invierten esos recursos en el mercado de capitales y generan un rendimiento a favor del afiliado. Al momento del retiro, con la suma ahorrada se obtiene una pensión.
En la República Dominicana, a junio de 2026, el fondo de pensiones acumulaba 1.32 billones de pesos, cantidad equivalente al 16 % del producto interno bruto (PIB). De esa cifra, 263,400 millones de pesos corresponden a aportes de los trabajadores y 555,400 millones de pesos a los del empleador. Los 500,900 millones de pesos restantes proceden de la rentabilidad generada por la inversión de esos fondos, que han alcanzado un rendimiento promedio anual de un 12.2 %.
A pesar de ese extraordinario desempeño, el sistema dominicano ha sido objeto de críticas.
Algunos detractores cuestionan que las AFP inviertan los ahorros de los trabajadores en bonos emitidos por empresas grandes. Ignoran que, cuando una AFP compra un bono corporativo, adquiere el derecho de recibir un retorno superior al que obtendría colocando ese capital en cuentas de ahorro del sistema bancario. Esa estrategia beneficia directamente al trabajador.
Al planteamiento anterior se añade el argumento de que las inversiones se realizan sin garantía. Aquí se confunde la inversión en un bono con el otorgamiento de un préstamo hipotecario, respaldado por un inmueble específico. El tenedor de un bono corporativo cuenta con un aval más sólido que la hipoteca sobre un inmueble, ya que adquiere el derecho de cobro sobre todo el flujo de efectivo generado por la empresa. Esta debe pagar a los bonistas intereses y capital antes de repartir dividendos entre los accionistas. Si incumple con sus obligaciones, los acreedores pueden tomar el control de todos sus activos, liquidarlos y cobrarse la deuda.
También se señala que las AFP adquieren bonos o acciones de empresas quebradas. Esa afirmación es errónea y temeraria, porque cada instrumento financiero debe ser aprobado por una comisión que integran la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central y las Superintendencias de Bancos, Valores y Seguros. Además, esos títulos han de contar con el grado de inversión otorgado por agencias de riesgo internacionales.
Los críticos aseguran que el sistema de capitalización individual beneficia más a las AFP que a los trabajadores. No obstante, en 2025, las AFP obtuvieron un beneficio después del impuesto sobre la renta de 5,936.5 millones de pesos, equivalente a un 0.5 % del fondo administrado; mientras que los trabajadores recibieron un beneficio neto de 110,123.2 millones de pesos. Esas cifras demuestran que por cada peso que ganaron las AFP, los afiliados obtuvieron casi 19 pesos de retorno.
La preocupación más importante sobre el sistema dominicano es cuál será el monto de la pensión que recibirá el trabajador. Muchos llegarán a la edad de retiro con un capital acumulado insuficiente para obtener una pensión —o anualidad— que represente un porcentaje razonable de su último ingreso laboral. Esa circunstancia obedece a dos factores: el porcentaje del salario destinado a la cuenta individual es de solo un 8.4 %, frente al 15 % de otros países; y los años de aporte continuo a la cuenta son pocos, porque alrededor del 55 % de quienes perciben ingresos trabaja en el mercado informal.
Esta situación lleva a que muchas personas prefieran recibir, al llegar a la edad del retiro, la totalidad de los fondos acumulados. La demanda es razonable y podría atenderse. Basta con permitir que el trabajador reciba en un solo pago el monto total acumulado, en lugar de una pensión mensual. Quien elija esa opción debe liberar al Estado de una eventual carga futura. En concreto, los hijos u otros familiares del afiliado adquirirían el compromiso, mediante contrato, de mantenerlo en su vejez, al tiempo que el jubilado renunciaría a solicitar al Estado cualquier tipo de ayuda en forma de pensión.
Por otra parte, dado que la Ley 87-01 permite crear nuevas AFP, sería conveniente que quienes cuestionan cómo se invierten los fondos y cuánto gana la entidad que los administra constituyesen la suya propia. De esta manera, demostrarían con resultados que son capaces de gestionar mejor el ahorro de los trabajadores para beneficiarlos. En consecuencia, las personas descontentas con su AFP podrían trasladarse a la nueva gestora sin mayores obstáculos.
La libertad de operar de la nueva AFP sería total. Sus propietarios y gerentes podrían colocar los fondos de los trabajadores en préstamos a los afiliados o en títulos públicos o privados. En caso de preferir un menor riesgo financiero, existe la opción de guardar el dinero en la caja fuerte, sin exponerlo al mercado de capitales.
La nueva AFP, al igual que todas las demás, debe cumplir con el requisito de asegurar una rentabilidad mínima a sus afiliados, calculada como la rentabilidad real promedio del sistema en los últimos doce meses menos dos puntos porcentuales. Asimismo, ha de mantener una cuenta de garantía destinada a cubrir el mínimo exigido. En caso de que esa reserva no alcanzase, la nueva AFP debe completar la diferencia con el patrimonio de sus propietarios.
La propuesta debería entusiasmar a muchos opositores, pues les brinda la oportunidad de demostrar que pueden conseguir un mayor rendimiento de las cuentas de los trabajadores y garantizarles una pensión más alta. Si realizan malas inversiones, la AFP de los críticos terminará hundiéndose, como el Titanic. En este caso, se llevará consigo el ahorro previsional de quienes confiaron en ella.
