El gobierno de México y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avanzan en un paquete de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2027 que reforzaría la lucha contra las empresas factureras y regularizaría el uso de inteligencia artificial (IA) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para identificar riesgos de evasión.
Las empresas factureras, también llamadas empresas fantasmas, son sociedades constituidas legalmente ante el SAT que simulan la venta de bienes o servicios para emitir comprobantes fiscales falsos, con fines que van desde reducir cargas tributarias hasta dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Entre 2014 y 2019, estas estructuras causaron un daño al erario de 1.6 billones de pesos mediante la emisión de ocho millones de facturas falsas, según el documento base de la discusión legislativa.
El alcance del problema y las medidas propuestas
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó el enfoque del Paquete Económico 2027, que el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, presentaría el 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados. «Queremos atajar desde todos los puntos esta evasión fiscal que todavía se da a través del esquema de las facturas falsas», dijo Sheinbaum. La mandataria señaló que las reformas son factibles porque «aumentan los ingresos».
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, presentó el 2 de septiembre ante la Comisión de Hacienda una serie de propuestas que, según explicó, «desde distintas vías buscan fortalecer la recaudación y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los contribuyentes». Entre las medidas destacan controles más estrictos para la contratación de servicios y consultorías por parte de entidades públicas, con mecanismos que permitan verificar que las empresas contratadas tengan existencia real y capacidad efectiva para prestar los servicios que facturan.
Ramírez Cuéllar citó datos de la Auditoría Superior de la Federación que documentan redes de proveedores fantasmas en al menos tres entidades federativas, con operaciones por más de 14,000 millones de pesos en servicios públicos y alrededor de 10,000 millones de pesos en obra pública. «La conclusión del grupo no es simplemente ampliar indiscriminadamente las facultades de fiscalización, sino focalizarlas mejor», subrayó el legislador. También se contemplan acciones más coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Fiscalía General de la República (FGR), además de cooperación internacional para identificar a los beneficiarios de estas facturas.
IA y big data para detectar evasión
Las propuestas también incluyen modificaciones al artículo 42 del CFF para regular el uso de IA, algoritmos y big data por parte del SAT en la detección de perfiles de riesgo fiscal. La iniciativa establece que ninguna decisión tributaria podrá ser tomada de forma 100% automatizada: todas deberán pasar por revisión humana, al tiempo que se garantice la protección de datos personales y la transparencia del proceso.
Norma Leyla Rangel López, presidenta de la Comisión Nacional de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que la IA, combinada con la factura electrónica, permite a la autoridad fiscal trazar la trazabilidad completa de las operaciones de cada contribuyente. «Qué hiciste, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, en qué momento lo hiciste. Todo eso lo cruza con información de bancos, se va a cazar también con lo que dan cuenta los proveedores, los clientes», señaló. Según la especialista, esto proporciona a la autoridad mayor certeza sobre deudas o inconsistencias antes de acudir con el contribuyente.
La lucha antifactureras: antecedentes
El combate a las empresas factureras no es nuevo en México. La batalla comenzó en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con las primeras modificaciones al CFF. En 2026, el gobierno de Sheinbaum reforzó la estrategia habilitando auditorías exprés y ampliando las revisiones y sanciones tanto para emisores como para receptores de facturas falsas. Las reformas para 2027 representan una continuación y profundización de esa política.
El paquete de cambios también explora la fiscalización de empresas que generan ingresos en México a través de usuarios, datos, algoritmos, suscripciones o servicios prestados desde el extranjero sin presencia física en el país. Según Ramírez Cuéllar, «esto obliga a revisar conceptos como la presencia económica significativa, las responsabilidades de los intermediarios digitales y las reglas aplicables a la fiscalización de las plataformas». La aprobación final de las reformas dependerá del proceso legislativo que se abra tras la presentación formal del Paquete Económico 2027, lo que convierte a la discusión en la Comisión de Hacienda en el espacio clave a seguir en las próximas semanas.
