Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden consolidar una dictadura dinástica en Nicaragua mediante una nueva reforma constitucional que eliminaría toda posibilidad de elecciones competitivas, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado este martes en Costa Rica.
El proceso, según el Cetcam, alcanzó un punto de inflexión el 19 de julio pasado, cuando Ortega anunció públicamente que no habría más elecciones en Nicaragua y adelantó que remitiría un paquete de reformas a la Asamblea Nacional. La medida borra el último mecanismo formal mediante el que los ciudadanos nicaragüenses podían influir en la conducción del Estado, con consecuencias que los expertos califican como un precedente grave para toda América Latina.
Las reformas que consolidan el control
Poco después del anuncio de Ortega, el presidente del Parlamento nicaragüense, el oficialista Gustavo Porras, formalizó una iniciativa de reforma constitucional orientada a «anular definitivamente la posibilidad de unas elecciones justas, competitivas y transparentes», según recoge el informe del Cetcam.
El paquete de reformas incluye la extensión del período presidencial a siete años renovables, medida que se extiende también a más de 7,000 cargos públicos, entre ellos los de elección popular, el Ejército y la Policía. Se trata de la segunda ampliación del mandato en poco tiempo: entre 2024 y 2025, el período ya había sido extendido de cinco a seis años mediante una reforma constitucional anterior.
Esas mismas reformas también crearon dos copresidencias —lo que formalizó el papel de Murillo como copresidenta— y limitaron el derecho ciudadano a postularse a cargos públicos para quienes sean considerados «traidores a la patria». Además, subordinaron a la Presidencia todos los poderes del Estado, incluidos los gobiernos municipales y regionales.
Reacción internacional y presión hemisférica
El anuncio de Ortega no pasó inadvertido para la comunidad internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han tomado nota de la situación, según el Cetcam. Estados Unidos ha sido el actor más activo: ha enviado mensajes al más alto nivel y solicitó recientemente la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar específicamente el caso nicaragüense, generando expectativas sobre el posicionamiento del hemisferio.
Para el Cetcam, el anuncio de Ortega «es mucho más grave porque sienta un precedente para Latinoamérica y para el resto del mundo», dado que representa la culminación de un proceso en el que el matrimonio gobernante ha eliminado «el más fundamental de todos» los derechos ciudadanos: el de elegir a los gobernantes.
El llamado a la comunidad internacional
El informe advierte que las organizaciones y actores prodemocracia en el exilio enfrentan ahora «un desafío más importante y urgente», aunque el Cetcam considera que el anuncio también «despeja el camino porque queda bastante más claro hacia dónde es necesario dirigir la incidencia».
«La comunidad internacional, especialmente el hemisferio americano, tiene una responsabilidad ineludible: respaldar decididamente los esfuerzos de toda la sociedad nicaragüense para restablecer la democracia o asumir lo que le corresponde por haber permitido que una nueva dictadura familiar se instalara en América», señala el informe del Cetcam.
Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que desde 2017 dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, inicialmente como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta. En septiembre se espera la aprobación de una nueva reforma electoral que excluiría formalmente a los denominados «traidores a la patria» del proceso político, lo que los analistas del Cetcam seguirán como la próxima señal del avance del proceso autoritario.
