El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ratificó que llevará adelante su consulta presidencial en octubre próximo para escoger su aspirante a las elecciones de 2028, desafiando abiertamente tanto al Tribunal Superior Electoral (TSE) como a la Junta Central Electoral (JCE), que han declarado el proceso improcedente.
La decisión coloca al partido morado en una posición de confrontación directa con las autoridades electorales dominicanas, cuyas resoluciones tienen carácter vinculante sobre los partidos políticos reconocidos. Un proceso celebrado en contravención de esas determinaciones podría carecer de valor jurídico y exponer al PLD a nuevas sanciones institucionales.
La consulta presidencial del PLD y el rechazo del TSE
La Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026) del partido informó que el proceso se realizará de manera presencial, con padrón semiabierto y boleta impresa, tanto en el territorio nacional como en las seccionales del exterior correspondientes a las tres circunscripciones electorales de la diáspora dominicana.
El documento que formaliza la convocatoria, firmado por la coordinadora de la comisión, Cristina Lizardo, está dirigido a las estructuras partidarias locales e internacionales, a los miembros del Comité Central, a los dirigentes de base e intermedios, a los simpatizantes y a los aspirantes a la nominación presidencial. La circular identificada como CONAP-2026-Cir-005-08-2026 establece que los dominicanos no inscritos en ningún partido también podrán participar en las seccionales del exterior.
El PLD sostiene que su postura se ampara en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que establece que la escogencia y la precampaña deben iniciar en el año preelectoral —en este caso, 2027—, interpretación que, según el partido, valida su derecho a realizar consultas internas previas.
La posición de las autoridades electorales
Sin embargo, el TSE ya se pronunció en sentido contrario. Mediante la sentencia TSE-0011-2025, el tribunal anuló el numeral 3 del acta del Comité Político del PLD, que pretendía adelantar al primer trimestre de 2026 la selección de la precandidatura presidencial peledeísta, fecha para la que originalmente se había convocado el proceso.
La JCE, por su parte, expresó que dicho proceso carece de respaldo legal dentro del ordenamiento electoral vigente y que su realización resulta improcedente en la etapa actual del calendario electoral. Ambas instituciones, con funciones distintas pero complementarias sobre la vida orgánica de los partidos, han trazado una línea clara contra la consulta presidencial del PLD en el año en curso.
Disidencia interna
La confrontación no es solo con las autoridades electorales. Dos de los principales presidenciables del partido, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, han manifestado públicamente su oposición a que la escogencia se realice este año, argumentando que debe respetarse lo establecido en las legislaciones electorales.
La fractura entre la cúpula organizativa del PLD y figuras con aspiraciones presidenciales propias añade una dimensión interna al conflicto: quienes podrían verse favorecidos o perjudicados por el calendario tienen incentivos distintos para apoyar o resistir el proceso. El desenlace legal de la consulta —y las posibles acciones que emprendan el TSE o la JCE ante su celebración— definirá si el PLD llega a 2027 con un aspirante ya ungido o con una crisis institucional agravada.
