Burkina Faso se convirtió el 2 de julio de 2026 en el primer país africano en prohibir oficialmente la «pornografía de la pobreza» —o poverty porn— mediante un decreto aprobado en Consejo de Ministros presidido por el jefe de Estado, el capitán Ibrahim Traoré, en Uagadugú.
La medida veda a cualquier organización o individuo mostrar a personas en situación de vulnerabilidad mientras reciben alimentos, dinero u otro tipo de ayuda, cuando el objetivo sea generar contenido para internet, recaudar fondos o promocionar acciones solidarias. En la práctica, ya no será legal filmar a alguien en condición de precariedad junto al saco de arroz o la donación que acaba de recibir para difundir esas imágenes en redes sociales o plataformas digitales.
Qué prohíbe la norma
El decreto fue impulsado por la ministra de Familia y Solidaridad, Passowendé Pélagie Kaboré, y abarca a personas en situación de pobreza, desplazamiento forzado, discapacidad u otras condiciones de necesidad. La prohibición se activa cuando la captación de imágenes tiene como fin generar visualizaciones, seguidores o donaciones, la práctica que internacionalmente se denomina poverty porn o pornografía de la pobreza.
La regulación va más allá de las imágenes: exige que las organizaciones humanitarias que operan en el país obtengan una acreditación previa ante las autoridades, y establece que todo llamado público a la solidaridad o campaña de recaudación de fondos deberá contar con autorización previa del Ministerio de Familia y Solidaridad. El gobierno pide además a estas organizaciones adoptar una narrativa centrada en la resiliencia de los beneficiarios, no en su sufrimiento.
Sanciones y alcance
El propósito declarado es proteger la dignidad de las personas asistidas y evitar que su imagen sea instrumentalizada como reclamo para conseguir atención en redes. Aunque el gobierno aún no ha detallado las sanciones exactas, ya ha anunciado que se aplicarán medidas administrativas e incluso penales para quienes incumplan el decreto.
El concepto de poverty porn lleva años en el debate del sector humanitario global: organizaciones como Oxfam y Save the Children han revisado sus propias guías de comunicación ante críticas de académicos y activistas que señalaban que ese tipo de imágenes refuerza estereotipos y reduce la dignidad de las comunidades retratadas. Burkina Faso es el primer Estado en darle fuerza de ley a esa discusión.
La decisión se produce en un contexto en que el país atraviesa una de las crisis de seguridad más agudas del Sahel, con millones de desplazados internos y una fuerte presencia de organizaciones humanitarias internacionales, cuya operación quedará ahora sujeta al nuevo marco regulatorio. Las autoridades deberán publicar el reglamento de sanciones para que la norma tenga plena aplicabilidad; ese documento será la prueba de fuego de la efectividad del decreto.
