La cacería fiscal global de China contra ciudadanos con fortunas en el exterior reclamó impuestos impagos sobre ganancias obtenidas desde el año 2000, en una ofensiva que Beijing activó para cubrir el deterioro de sus ingresos públicos y endurecer el control sobre la salida de capitales, según reportó el Financial Times con base en testimonios de funcionarios extranjeros, banqueros chinos y gestores de patrimonio.
La campaña responde a un deterioro fiscal concreto: los ingresos presupuestarios de China cayeron 1.7% en 2025, hasta 21.6 billones de yuanes, tras el estancamiento post-pandemia. A eso se sumó el derrumbe de las ventas de tierra —otra fuente clave de financiamiento estatal—, que pasaron de 8.7 billones de yuanes en 2021 a 4.15 billones de yuanes luego de la crisis inmobiliaria. Para los empresarios e inversionistas latinoamericanos con vínculos comerciales en China, la campaña señala un cambio estructural en el entorno regulatorio del gigante asiático que puede afectar la movilidad de capitales y la confianza de socios comerciales chinos.
Bancos e instituciones financieras recibieron instrucciones para revisar las inversiones en el exterior de ciudadanos chinos con grandes patrimonios y verificar si esos ingresos fueron declarados ante las autoridades tributarias. La revisión abarcó bienes raíces, acciones, metales preciosos, criptomonedas y estructuras en fideicomisos offshore —vehículos legales constituidos fuera del país para administrar activos lejos del alcance directo del fisco chino.
En el sur de China, un banquero citado por el FT señaló que en los últimos meses varias entidades coordinaron con la administración tributaria el congelamiento de cuentas de depositantes adinerados hasta comprobar el pago de impuestos sobre ganancias de capital ligadas a activos, cuentas y fideicomisos en el exterior. La práctica habitual, según el mismo banquero, fue que esos clientes pagaran de inmediato multas y tributos en efectivo para reactivar sus fondos. El jefe de una oficina patrimonial en Shenzhen afirmó que a sus clientes les exigieron pagos por ganancias offshore acumuladas entre 2017 y 2022, sin que hubiera una explicación oficial sobre ese recorte temporal.
Victor Shih, profesor de economía política china en la Universidad de California en San Diego, dijo al FT que la motivación de la campaña fue «claramente fiscal». La estrategia ya arrojó resultados para el erario: la recaudación del impuesto sobre la renta personal subió 11.5% en 2025, muy por encima del crecimiento general de la recaudación, que fue de apenas 0.8%.
El mes pasado, el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria Nacional introdujeron nuevas reglas para los activos transferidos a fideicomisos en el exterior y cerraron un vacío que los individuos ricos usaban desde hace años para resguardar patrimonio fuera de China. Bajo el nuevo esquema, los ingresos generados por esos vehículos quedaron sujetos a un impuesto de 20% en múltiples etapas. Un banquero con base en Singapur que administra activos offshore de clientes chinos dijo que la medida «sorprendió» a esos patrimonios: durante los años de auge de las salidas a bolsa, una estructura fiduciaria adecuada permitía proteger ingresos de la carga tributaria, pero la nueva norma eliminó esa ventaja. Medios chinos informaron además que las autoridades empezaron a cobrar también un 20% sobre dividendos e intereses generados por pólizas offshore.
Ese reporte generó una reacción inmediata en los mercados. Las acciones de Prudential llegaron a caer 13% en Londres, mientras las de HSBC bajaron más de 6% antes de recortar pérdidas, afectadas por su exposición al negocio patrimonial asiático. Ye Yongqing, abogado tributario en Shanghái y socio de Anli Partners, señaló que Beijing adoptó una aproximación restrictiva hacia los fideicomisos offshore similar a la del código fiscal de Estados Unidos, rechazando en términos amplios su uso para diferir o eliminar obligaciones de residentes fiscales chinos.
La confusión sobre la definición de residencia fiscal agrava la incertidumbre. Según el FT, quienes pasan menos de 183 días al año en China todavía pueden ser considerados residentes fiscales chinos, sin importar su pasaporte extranjero o estatus migratorio, salvo que renuncien formalmente a la nacionalidad china y dejen de vivir en el país la mayor parte del año. David Lesperance, abogado radicado en Asia que asesora a familias ricas de Hong Kong y China, atribuyó parte de la aceleración de los controles al uso de inteligencia artificial para analizar registros de inversión con mayor rapidez y menor costo. Añadió que este año al menos seis de sus clientes chinos con patrimonios ultraaltos activaron sus planes para abandonar la segunda economía del mundo. La directora de una firma de inmigración con oficinas en China y Nueva York advirtió que la revisión avanzaría desde las acciones estadounidenses operadas vía Hong Kong hacia las cuentas bancarias en el exterior y, posteriormente, hacia otras formas de riqueza offshore, incluida la propiedad inmobiliaria.
