En los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la regulación de las plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb. Es razonable que el Estado quiera establecer reglas claras, exigir el cumplimiento de las normas de seguridad y garantizar el pago de los impuestos que correspondan. En ese sentido, el cobro del ITBIS, si así lo establece la ley y se aplica de forma equitativa, puede formar parte de una regulación moderna.
Lo que resulta preocupante es que, bajo el argumento de “regular”, se pretenda imponer una carga de requisitos y restricciones que, en la práctica, termine haciendo inviable este modelo de negocio. Regular no debe significar eliminar.
La renta corta ha representado una oportunidad para miles de familias de clase media que, con mucho esfuerzo, han logrado invertir en uno o mas apartamentos, casa, etc. No se trata de grandes corporaciones ni de poderosos grupos económicos. Son personas que han decidido proteger sus ahorros frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
Durante años, muchos dominicanos consideraron los certificados financieros como una opción segura para preservar su patrimonio. Sin embargo, las bajas tasas de rendimiento y la inflación han reducido significativamente su atractivo. Ante esa realidad, la inversión inmobiliaria se ha convertido en una alternativa legítima para generar ingresos complementarios, especialmente para personas jubiladas o próximas al retiro que buscan una fuente de estabilidad económica.
Presentar a estos pequeños inversionistas como si fueran una amenaza para la industria hotelera carece de fundamento. Comparar un apartamento en alquiler con una gran cadena hotelera es comparar modelos de negocio completamente distintos, dirigidos a segmentos de mercado diferentes y con estructuras de costos, servicios y obligaciones muy distintas.
La llamada “competencia desleal” se ha convertido en un argumento recurrente, pero difícilmente puede sostenerse cuando la mayoría de los anfitriones son ciudadanos comunes que apenas administran una o dos propiedades. Las grandes cadenas hoteleras poseen cientos o miles de habitaciones, acceso a financiamiento, economías de escala y recursos de mercadeo que ningún pequeño propietario puede igualar.
Además, Airbnb ha contribuido a democratizar el turismo. Ha permitido que visitantes se hospeden en zonas donde antes no existía oferta hotelera, generando ingresos para pequeños comercios, restaurantes, colmados, cafeterías, taxistas y otros prestadores de servicios. El impacto económico trasciende al propietario del inmueble y beneficia a comunidades enteras.
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Si el Estado considera necesario regular este sector, debe hacerlo con equilibrio. Es válido exigir el pago de impuestos, establecer estándares mínimos de seguridad y promover la transparencia. Lo que no resulta aceptable es diseñar un marco regulatorio pensado para grandes hoteles y aplicarlo indiscriminadamente a pequeños propietarios.
Las políticas públicas deben proteger la inversión, incentivar el emprendimiento y ampliar las oportunidades económicas de la clase media, no reducirlas. Cada nueva traba burocrática, cada requisito innecesario y cada carga desproporcionada desalienta la inversión y limita las posibilidades de miles de ciudadanos que han encontrado en la renta corta una forma honesta de mejorar su calidad de vida.
El país necesita reglas claras, pero también necesita un Estado que comprenda la realidad económica de quienes invierten sus ahorros con esfuerzo y sacrificio. La regulación no debe convertirse en un mecanismo para favorecer intereses particulares ni para cerrar las puertas a la innovación.
Defender la renta corta no significa estar en contra de los hoteles. Ambos modelos pueden coexistir, complementarse y fortalecer la oferta turística nacional. El verdadero objetivo debe ser promover una competencia justa, donde todos contribuyan al desarrollo del país bajo normas razonables y proporcionadas.
No ahoguen a Airbnb. Porque defender la renta corta es, en gran medida, defender a la clase media, proteger el derecho de los ciudadanos a invertir sus ahorros y preservar una fuente de ingresos que hoy representa tranquilidad y estabilidad para miles de familias dominicanas.
