Un tribunal federal impuso un freno a la agenda migratoria de la Casa Blanca al impedir que el gobierno de Trump retire los permisos de trabajo a inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) y a solicitantes de asilo en Estados Unidos. La decisión, adoptada este martes de forma temporal, protege el ingreso de decenas de miles de personas y añade incertidumbre sobre el alcance real de las nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso en 2025.
El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, se puso del lado de una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y sindicatos. Estos habían demandado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para bloquear una serie de medidas destinadas a aplicar las restricciones migratorias.
La orden permanecerá vigente hasta que el magistrado decida si dicta una suspensión de más largo plazo de la política. Gorton anticipó que se pronunciará antes del 5 de agosto. El USCIS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El trasfondo del litigio es la emblemática ley fiscal y de gasto público impulsada por Trump y aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025. La norma impuso por primera vez tasas para solicitar asilo y restringió la autorización de empleo para las personas con TPS, una figura que permite a migrantes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes vivir y trabajar en el país mientras no sea seguro regresar a sus naciones de origen.
Como parte de su agenda migratoria de línea dura, la administración ha buscado poner fin al TPS para ciudadanos de más de una docena de países. El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno a hacerlo en el caso de miles de inmigrantes haitianos y sirios, un antecedente que refuerza la relevancia de la disputa actual.
Los demandantes, representados por el grupo jurídico liberal Democracy Forward, argumentaron que el USCIS aplicó ilegalmente las disposiciones de la nueva ley. Señalaron en particular una medida que podría dejar sin derecho a trabajar, a partir del miércoles, a miles de titulares del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. Según la demanda, esas políticas acortan indebidamente el periodo en el que estos inmigrantes están autorizados a trabajar, al aplicar de forma retroactiva las nuevas restricciones.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó en un comunicado que la resolución de Gorton garantiza que miles de familias no perderán sus medios de subsistencia mientras los tribunales evalúan la legalidad de las políticas del gobierno.
Aunque la administración ha venido rescindiendo el TPS para otros países, en enero prorrogó el estatus para esas tres naciones. La protección sigue vigente para El Salvador hasta el 9 de septiembre y para Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre.
Los demandantes también alegaron que las nuevas políticas del USCIS son inválidas porque el público nunca recibió notificación ni tuvo oportunidad de pronunciarse antes de su adopción, como exige la Ley de Procedimiento Administrativo. Añadieron que la agencia aplicó de forma retroactiva las disposiciones de la ley de 2025 sobre autorización de trabajo del TPS sin base legal.
Gorton se negó, por el momento, a impedir que el USCIS cobre la tasa de asilo. Sin embargo, precisó que la agencia no puede retirar los permisos de trabajo a quienes no la paguen ni imponerles otras sanciones, un matiz que acota el margen de acción del gobierno mientras avanza el proceso judicial.
