El Ministerio Público presentó una acusación formal por sobornos de más de RD$108 millones contra 14 personas físicas y jurídicas que, según la investigación, pagaron y recibieron dinero ilícito para agenciarse la contratación de seguridad privada en distintas instituciones públicas del país.
La instancia fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Se espera que la magistrada apodere en las próximas horas un juzgado de la Instrucción para conocer el juicio preliminar.
El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, montos que, según los fiscales, fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y por otros funcionarios acusados. Los pagos ilícitos se realizaron mediante distintas modalidades, incluyendo transferencias bancarias y entrega de dinero en efectivo.
La acusación solicita apertura a juicio contra Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
También figuran Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargados de seguridad de EdeNorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste. El expediente incluye además a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Entre las personas jurídicas acusadas están Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
La investigación de la Pepca, con apoyo de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, partió de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que identificó una red criminal dedicada a estafar al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas de seguridad privada.
Según las pesquisas, la empresa Senase pagó sobornos a funcionarios de esas instituciones durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025. Los pagos buscaban asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la compañía, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los servicios sin objeciones ni fiscalización efectiva.
La acusación sostiene que este esquema de corrupción institucionalizada generó una completa subordinación del sistema de supervisión y recepción de los servicios contratados, y permitió a las empresas operar con impunidad en detrimento del interés público.
Durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, el Ministerio Público arrestó a militares y civiles integrantes de la estructura delictiva. El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
