El Poder Ejecutivo envió al Senado de la República un anteproyecto que busca modificar 18 artículos de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana. La información fue confirmada por N Digital a través de una fuente del Congreso Nacional.
De manera paralela, un grupo de diputados de distintas bancadas depositó una propuesta para reformar varios artículos de la nueva legislación penal. Su punto central es establecer diferencias entre las imputaciones relacionadas con hechos de interés público o el desempeño de funcionarios y aquellas vinculadas a la vida privada de una persona, según la fuente citada.
La iniciativa de los diputados fue recibida el 7 de julio de 2026 en la Cámara de Diputados y contempla cambios a la Ley Orgánica núm. 74-25. El proyecto aborda cuatro temas principales: la difusión de audios, imágenes o videos sin consentimiento; la difamación; el ultraje contra autoridad pública, y las certificaciones médicas falsas.
La propuesta fue presentada por los diputados Amado Antonio Díaz Jiménez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y vocero del bloque oficialista; Carlos de Pérez Juan, de la Fuerza del Pueblo (FP); Gustavo Antonio Sánchez García, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Eduviges María Bautista Gomera (Leyvi), del PRM.
También figuran como proponentes Braulio de Jesús Espinal Tavárez, de Dominicanos por el Cambio (DXC); Julio Emil Durán Rodríguez, del PRM; Rogelio Antonio Genao Lanza, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Jorge Manuel Zorrilla González, del Partido Cívico Renovador (PCR), y Fiordaliza Estévez Castillo, del PRSC.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa se relaciona con la modificación propuesta al artículo 208, referente a la difamación. El texto define la difamación como la alegación o imputación pública de un hecho preciso o concreto que afecte el honor, la consideración, el buen nombre, la imagen, la dignidad o la integridad familiar de una persona física o jurídica. La propuesta forma parte de los movimientos en el Congreso Nacional para revisar aspectos específicos del nuevo Código Penal antes de su entrada en aplicación, según N Digital.
