DIARIO FINANCIERO.- El alza al impuesto a las transacciones financieras y cheques, que sube del 0.15% al 0.20% a partir de este viernes 3 de julio, abrió un choque frontal entre el Gobierno y los gremios empresariales. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) encabeza la lista de sectores que advierten sobre el traslado del costo al consumidor, mientras la vicepresidenta Raquel Peña desestima que la medida comprometa la competitividad del sistema financiero.
El ajuste, contenido en la Ley 30-26, encarece cada transferencia bancaria, uso de tarjeta y emisión de cheque en un momento en que la digitalización de pagos había ganado terreno como herramienta de formalización.
El Impacto Del Alza Al Impuesto A Las Transacciones En El Comercio Minorista
Los detallistas de combustibles, agrupados en Anadegas, fueron los primeros en reaccionar. Advirtieron que el alza los obliga a descontinuar el uso de tarjetas de crédito en sus estaciones para evitar la erosión de sus márgenes, ya reducidos por el esquema de precios regulados. La medida, de aplicarse en cadena, podría revertir años de bancarización en un sector que mueve millones de transacciones diarias.
El planteamiento de la AIRD apunta más lejos: el gremio industrial sostiene que el ajuste castiga precisamente los pagos formales y encarece el capital de trabajo de las empresas, que dependen de transferencias electrónicas y cheques para operar con proveedores.
La Defensa Oficial: Sostenibilidad Fiscal
Desde el Gobierno, la vicepresidenta Raquel Peña defendió la medida como parte del plan estratégico para mejorar la sostenibilidad fiscal frente a la presión que ejerce sobre las cuentas públicas el conflicto en Medio Oriente. La Ley 30-26 fue aprobada por el Congreso Nacional como paquete de emergencia para recomponer la recaudación tributaria.
Qué Sigue Tras El Alza Al Impuesto A Las Transacciones
La entrada en vigor de la disposición marca el inicio de un pulso económico y político que se medirá en el corto plazo por tres vías: el traslado del costo al precio final, la reacción de los usuarios de tarjetas de crédito ante el encarecimiento de sus compras y la respuesta del sistema financiero frente al posible retiro de comercios del ecosistema de pagos electrónicos. El resultado marcará el ritmo real de recaudación adicional que espera el Fisco con la reforma.
