DIARIO FINANCIERO.- José Ramón Peralta salió este martes a marcar terreno en el frente político y mediático. El exministro administrativo de la Presidencia sostuvo que la decisión del Ministerio Público y de los abogados del Estado de apelar el auto de no ha lugar dictado en su favor no responde a un criterio jurídico, sino a la voluntad de sostener un relato de descalificación política que —según su lectura— ya fue desmontado en tribunales.
El movimiento tiene peso más allá del expediente individual. La reacción de José Ramón Peralta se inscribe en la disputa política que atraviesa a los principales dirigentes del PLD procesados en los expedientes del Caso Calamar, y coincide con una semana en la que otros exfuncionarios del gobierno morado también han elevado el tono de su defensa pública.
José Ramón Peralta Contra La Apelación
El eje del argumento del exministro es que un tribunal de la República ya confirmó la ausencia total de pruebas en su contra tras más de tres años de escrutinio, y que la apelación no tiene sustento técnico capaz de revertir esa conclusión.
«Un recurso legal no puede cambiar la realidad: tras más de tres años de escrutinio, un tribunal de la República confirmó que la acusación en mi contra carece de sustento real»
La frase condensa la estrategia legal y comunicacional. José Ramón Peralta no discute la facultad procesal del Ministerio Público de apelar; discute la base probatoria del recurso y, sobre todo, el propósito con que se activa. Al describir la apelación como una «insistencia de prolongar una narrativa de descalificación política», mueve el debate del terreno judicial al político, donde el desgaste institucional del Ministerio Público en casos de figuras del pasado gobierno viene ocupando cada vez más espacio en el ciclo noticioso.
Una Ofensiva Con Documentos
El anuncio con mayor impacto de la comparecencia es logístico. José Ramón Peralta adelantó que llevará el caso a la opinión pública en los próximos días, con documentos, contradicciones y evidencias que —afirma— demuestran cómo se construyó el expediente en su contra.
«Creemos en la justicia, en el respeto sagrado al debido proceso y en el principio constitucional de la presunción de inocencia. Por esta razón, ante el intento de mantener vivo un relato falso y fabricado, he decidido llevar la verdad ante la opinión pública»
La decisión de trasladar el debate a los medios marca un cambio de estrategia. Durante los primeros años del proceso, el exministro mantuvo perfil bajo y remitió su defensa a los tribunales. La combinación de auto de no ha lugar más apelación abre una ventana política que su equipo parece dispuesto a aprovechar antes de que el proceso vuelva al terreno técnico.
El Punto Débil Del Expediente, Según La Defensa
Uno de los flancos que José Ramón Peralta destacó es la ausencia de vínculos concretos entre su gestión y las actuaciones investigadas. Sostuvo que, tras años de investigación, ni su desempeño al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia ni las actuaciones institucionales bajo su mando pudieron ser vinculadas a ninguna irregularidad, un argumento que la defensa buscará repetir en las próximas audiencias.
El planteamiento vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en los expedientes de gran alcance: la distancia entre la acusación política inicial y el estándar probatorio que finalmente logra sostenerse en un tribunal. Para José Ramón Peralta, esa brecha es la evidencia central de que el proceso fue construido desde el ruido político antes que desde la investigación técnica.
El Costo Reputacional Y Lo Que Viene
Más allá del desenlace judicial de la apelación, el exministro dejó claro que no piensa devolver el debate al silencio. Aseguró que seguirá «dando la cara» como un acto de responsabilidad ciudadana, un lenguaje que anticipa una presencia mediática sostenida en las próximas semanas.
Con el escenario judicial pendiente y el político en pleno movimiento, la reacción de José Ramón Peralta se suma a una tendencia clara dentro del PLD: los exfuncionarios investigados están pasando de la contención a la contraofensiva pública, en un año electoralmente activo en el que cada expediente se lee también como una batalla por el relato del pasado gobierno.
