La inestabilidad en regiones estratégicas como el estrecho de Ormuz no es solo un conflicto lejano, sino una señal de alerta sobre nuestra vulnerabilidad. Depender excesivamente de importaciones energéticas nos deja a merced de precios internacionales que no podemos controlar, desestabilizando nuestra paz económica y la estabilidad del costo de vida.
Debemos reconocer que ser una economía pequeña implica riesgos sistémicos que requieren un blindaje inteligente, priorizando la seguridad nacional antes de que las crisis externas golpeen nuestra capacidad de consumo diario.
Es urgente realizar un levantamiento técnico de los productos esenciales que garantizan nuestro desarrollo y bienestar cotidiano.
No podemos seguir siendo espectadores pasivos ante los conflictos globales; necesitamos diseñar un «Plan B» que fomente alternativas productivas locales y diversifique nuestras fuentes de suministro. La dependencia excesiva es una debilidad estructural que debemos corregir con políticas públicas que incentiven la producción interna, disminuyendo así nuestra exposición a la volatilidad de los mercados internacionales que dictan gran parte de nuestro bienestar.
La solución ante estos desafíos globales no puede ser, una vez más, la imposición de mayores cargas fiscales sobre los hombros de la ciudadanía. Sostengo que el país cuenta con recursos suficientes, pero el problema radica en la falta de eficiencia en la gestión de las recaudaciones existentes. Antes de buscar más ingresos, el Estado está obligado a demostrar una administración pública ejemplar, donde cada centavo sea gestionado con rigor, transparencia absoluta y una visión estratégica centrada en el crecimiento de largo plazo.
El control estricto del gasto público debe ser la columna vertebral de cualquier política económica seria en nuestra nación. No podemos permitir que la ineficiencia administrativa sea financiada por el contribuyente; es necesario implementar una política de «cero tolerancia» frente a cualquier indicio de corrupción. El establecimiento de un régimen de consecuencias real es fundamental, pues la impunidad desmoraliza al sector productivo y desperdicia recursos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.
Existe un debate frecuente sobre la aplicación de impuestos progresivos bajo la premisa de que quienes más ganan deben pagar más. Sin embargo, en nuestra realidad, quienes ostentan el poder económico suelen trasladar estos costos adicionales al precio final de los productos y servicios que consumen las familias. Al final del día, es el ciudadano de menores ingresos quien termina pagando la carga indirecta, lo que inevitablemente genera mayor pobreza en lugar de cerrar las brechas sociales que tanto nos afectan.
La verdadera prosperidad de una nación no se construye empobreciendo a su gente mediante reformas fiscales agresivas, sino promoviendo un entorno donde la industria pueda prosperar. Un país se desarrolla cuando apuesta decididamente por la educación de calidad, la creación masiva de fuentes de trabajo dignas y una infraestructura hospitalaria eficiente. Necesitamos un modelo económico que fomente la inversión, estimule la innovación y garantice que el progreso sea el resultado de nuestra capacidad productiva, no del incremento constante de los impuestos.
En conclusión, debemos cambiar la narrativa del «más impuestos» por la de «mejor administración y mayor competitividad». El blindaje ante crisis internacionales y el desarrollo de una industria fuerte son los pilares sobre los cuales debemos edificar nuestro futuro. Invito a los tomadores de decisiones a mirar más allá de la caja de recaudación y enfocarse en la eficiencia pública, el respeto al dinero de los contribuyentes y la creación de oportunidades reales que nos permitan alcanzar un desarrollo sostenible, justo y verdaderamente equitativo.
